#Política| La senadora Paloma Valencia, denunció la presunta manipulación de informes desde la intervención de la Nueva EPS, tras conocer un reporte de la situación financiera de la entidad, en respuesta a un derecho de petición presentado por la congresista. Según Valencia, la… pic.twitter.com/xl32ZGfDSs
— Jean-Pierre Serna (@jpserna) November 5, 2024
La senadora Paloma Valencia denunció este martes la presunta manipulación de los informes financieros de la Nueva EPS, luego de conocer un reporte oficial sobre la situación económica de la entidad, en respuesta a un derecho de petición que ella misma había presentado. Según la congresista del Centro Democrático, los datos obtenidos sobre las pérdidas financieras de la EPS para el año 2023 son mucho más graves de lo informado anteriormente por el entonces interventor, Aldo Cadena.
Valencia asegura que la Nueva EPS no reportó pérdidas de $411 mil millones en 2023, como había afirmado Cadena en su momento, sino que las pérdidas reales habrían ascendido a $4,4 billones, lo que representa una cifra alarmantemente superior. Además, la senadora sostuvo que, según los nuevos informes, los pasivos de la entidad podrían superar los $12 billones en 2024, un monto significativamente mayor al que se había comunicado previamente.
Desajustes en los números
La diferencia entre la cifra de $411 mil millones reportada por el interventor y la nueva información obtenida por Valencia es de $4 billones, lo que significa un aumento de más del 350% en las pérdidas de la entidad, comparado con los datos del año anterior.
A este panorama se suma el hecho de que, según el balance general que la Nueva EPS envió recientemente, sus pasivos totales para el cierre de 2023 ascienden a $11,7 billones, lo que prácticamente dobla los $6,6 billones que la misma entidad había reportado previamente a la Superintendencia Nacional de Salud. Este desajuste ha generado dudas sobre la transparencia y la exactitud de la información financiera proporcionada por la EPS.
Falta de auditoría y documentos oficiales
La senadora también cuestionó la falta de firmas y certificación en los estados financieros enviados por la Nueva EPS, lo que implica que los documentos no han sido debidamente validados por un auditor fiscal independiente. Además, la firma Deloitte, que anteriormente era responsable de la auditoría de la entidad, informó que no recibió la documentación suficiente para llevar a cabo la revisión de las cuentas de la EPS.
Actualmente, la Nueva EPS está siendo auditada por una contralora delegada, pero aún no ha proporcionado la información financiera definitiva ni para 2023 ni para 2024. Este vacío de información ha generado preocupación sobre la fiabilidad de los informes y la verdadera situación financiera de la entidad.
Críticas al giro directo y su impacto en las IPS
Por otro lado, Valencia criticó la medida del giro directo implementada por el Gobierno como solución para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), señalando que esta promesa no ha sido ejecutada en su totalidad. Según la información proporcionada por la Nueva EPS, el pago de un 20% restante a las IPS depende de ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de capitalización por parte de sus socios, lo que ha afectado gravemente a los prestadores de salud.
La senadora hizo un llamado urgente para que se garantice el cumplimiento de los pagos y se resuelvan los problemas financieros que afectan tanto a las EPS como a las IPS, que enfrentan dificultades para cubrir sus costos operativos debido a la falta de pago oportuno.
Acciones legales y solicitud de transparencia
Ante la negativa de la Nueva EPS de proporcionar toda la información solicitada por derecho de petición, Paloma Valencia informó que llevará el caso ante un juez para que se respete su derecho a acceder a los documentos y que se tomen las medidas necesarias para esclarecer la situación financiera de la entidad.
La congresista advirtió que el manejo de los recursos de la Nueva EPS podría estar comprometido por malas prácticas de gestión y falta de transparencia, lo que exige una intervención más rigurosa por parte de las autoridades correspondientes.
Este caso pone de nuevo en evidencia las dificultades que enfrenta el sistema de salud público en Colombia, y resalta la necesidad urgente de una reforma integral que garantice la estabilidad financiera y operativa de las EPS y las IPS en el país.
