El organismo asegura que, sin los recursos de TUV, el Gobierno no habría logrado cumplir con la Regla Fiscal en 2024.
En un comunicado reciente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que, sin tener en cuenta las transacciones de única vez (TUV), el Gobierno Nacional no habría logrado cumplir con la Regla Fiscal en 2024. Asimismo, señaló que para 2025, el cumplimiento de dicha regla exigirá “ajustes en ingresos o gastos por al menos 46 billones de pesos (2,6% del PIB)”.
El CARF explicó que, en 2024, el Gobierno alegó haber cumplido con la regla fiscal gracias a la inclusión de las TUV aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), por un monto de 31,9 billones de pesos en diciembre de 2024, y a las medidas de reducción de gastos, que totalizaron 20,6 billones de los 28,4 billones de recorte presupuestal previstos.
Sin embargo, el Comité señaló que, en ausencia de las TUV (que no contaron con la opinión favorable del CARF), el balance primario neto estructural —el indicador clave para el cumplimiento de la regla fiscal— habría sido del -1,8% del PIB, lo que estaría por debajo del límite legal permitido. Con la aprobación de las TUV por parte del CONFIS, el balance primario neto estructural alcanzó el -0,2%, dentro de los márgenes legales.
“El impacto de las TUV depende de que se demuestre que sus efectos son transitorios, es decir, que no afecten de manera persistente el balance fiscal en los próximos dos años. En cualquier caso, el elevado déficit y el nivel de deuda subrayan la fragilidad de las finanzas públicas, lo que sigue ejerciendo presión sobre las tasas de interés y la inflación. La caída en el recaudo tributario durante 2024 tendrá implicaciones fiscales duraderas para 2025 y los años siguientes”, expresó el CARF en su comunicado.
Por otro lado, el Comité también analizó las proyecciones fiscales del Gobierno para 2025, que incluyen un déficit del 5,1% del PIB y una deuda que alcanzaría el 60,6% del PIB, sin cumplir con el objetivo fiscal de reducir la deuda al 55% del PIB. En caso de que este escenario se materialice, Colombia completaría seis años consecutivos con déficits superiores al 4% del PIB.
El CARF también consideró “improbable” que el Gobierno logre la meta de recaudo tributario de 299,9 billones de pesos para 2025. La proyección del CARF para los ingresos tributarios es 34 billones de pesos inferior (1,9 puntos porcentuales del PIB) a la estimación del Gobierno.
Además, el Comité señaló que el decreto de aplazamiento emitido por el Gobierno en enero por 12 billones de pesos “solo tendrá impacto fiscal cuando se materialice como una reducción efectiva de gastos”.
Por ello, el CARF concluye que serán necesarias medidas para incrementar los ingresos o reducir los gastos en al menos 46 billones de pesos (2,6% del PIB). También se debe revisar el riesgo de exceso de gasto comprometido, pero aplazado de 2024 a 2025, así como la decisión sobre el salario mínimo, que podría generar una presión fiscal adicional de 28,5 billones de pesos (1,6% del PIB).
“La creciente carga del pago de intereses, el bajo crecimiento económico y la inflexibilidad del gasto público requieren una gestión decidida para asegurar la convergencia de la deuda hacia el ancla fiscal del 55% del PIB en el mediano plazo”, concluye el comunicado del CARF.
