El presidente del Senado, Efraín Cepeda, elevó una alerta temprana ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH y la OEA, denunciando una grave alteración del orden constitucional en Colombia. En una comunicación firmada por el abogado Víctor Mosquera Marín, se advierte que el decreto anunciado por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular sin autorización del Congreso representa una “amenaza real, verificable e inminente” contra la separación de poderes.
El documento, fechado el 4 de junio, destaca que el mandatario pretende sustituir por decreto la decisión legislativa del Senado, que ya negó de forma expresa esa iniciativa. En palabras del propio presidente, recogidas en redes sociales, el decreto se firmará “esta semana para que el pueblo de Colombia se exprese”, omitiendo toda referencia al control constitucional obligatorio. Para los denunciantes, esta omisión equivale a una usurpación de funciones y un desconocimiento del procedimiento establecido por la Constitución.
La comunicación técnica solicita a las organizaciones internacionales tres medidas concretas: la emisión de una alerta preventiva, la solicitud de información al Estado colombiano sobre los fundamentos jurídicos del decreto, y un llamado público a respetar el orden constitucional y la democracia representativa. Cepeda insiste en que este acto del Ejecutivo vulnera artículos claves de la Constitución, como el 113 y el 241, al eliminar de facto el sistema de pesos y contrapesos.
La carta incluye como anexos trinos publicados por el presidente Petro en diciembre de 2024, así como el poder otorgado formalmente por el senador Cepeda al abogado Mosquera. La denuncia se suma a la reacción de al menos ocho partidos políticos que ya habían calificado la medida como un “golpe de Estado institucional”.
