La reforma pensional del Gobierno Petro, aprobada nuevamente por la Cámara de Representantes tras orden de la Corte Constitucional, enfrenta un nuevo riesgo jurídico que podría llevar a su hundimiento definitivo. La representante Juana Carolina Londoño advirtió que el debate del 28 de junio se dio sin que se aprobara el orden del día por falta de quórum, lo que, a su juicio, invalida el procedimiento.
“No se debatieron los nuevos artículos. Se cambiaron unos vicios por otros, comprometiendo nuevamente el proceso”, aseguró Londoño, quien insistió en que tampoco hubo notificación formal de la Corte al Congreso, condición indispensable para reiniciar el trámite legislativo.
Aunque el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha sostenido que la entidad está lista para implementar el nuevo modelo, admitió que este solo podrá entrar en vigencia si la Corte Constitucional lo declara exequible. “Es vital que la Corte falle a favor de la ley”, declaró.
La incertidumbre crece debido a que el análisis de la Corte estará a cargo del magistrado Héctor Carvajal, exabogado de Petro, y Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, ambos cercanos al Gobierno. No se descarta que el tribunal reciba nuevas demandas o reabra procesos en curso.
En paralelo, la capacidad operativa de Colpensiones sigue siendo un tema crítico. El presidente del sindicato, Hugo Daniel Pulido, afirmó que “seguimos siendo muy poquitos para tanto trabajo”, y urgió al Gobierno a ampliar la planta de personal y modernizar áreas claves antes de recibir a los 19 millones de afiliados que asumiría la entidad bajo el nuevo esquema.
