Un expediente entregado por el magistrado Misael Rodríguez a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema revela que el presidente Gustavo Petro habría sido informado en 2023 sobre presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sin que se tomaran medidas correctivas.
El documento, de más de 600 páginas, incluye los testimonios de exfuncionarios del gobierno que relatan posibles irregularidades en la destinación de recursos públicos y en la presión a congresistas para aprobar las reformas sociales del Ejecutivo. Entre ellos, destaca el testimonio de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, quien aseguró haber advertido al mandatario, el 18 de diciembre de 2023, durante un consejo de ministros, sobre prácticas irregulares en el Ministerio de Hacienda.
Reyes señaló que se hacían modificaciones presupuestales para favorecer a entidades en las que luego se direccionaban contratos a contratistas cercanos a congresistas. Según su declaración, Andrea Carolina Riveros sería una de las personas clave en esta estrategia.
También aparece el testimonio de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien hizo mención a una supuesta orden del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante un consejo de ministros, para “adoptar” congresistas que ayudaran a sacar adelante las reformas del gobierno. En el expediente, Velasco es señalado como quien habría promovido la estrategia de sobornos a legisladores.
La exviceministra técnica del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdés, respaldó el testimonio de Reyes y aseguró que él hablaba abiertamente sobre el reparto de cupos y el desvío de recursos. También se cuestiona el traslado de \$200.000 millones de la Dian a la UNGRD.
Por su parte, el ministro Ricardo Bonilla y el exviceministro Diego Guevara negaron recordar reuniones con congresistas y desestimaron la existencia de los “cupos indicativos”. Bonilla además calificó a su exasesora María Alejandra Benavides como un “teléfono roto”.
El expediente también contiene conversaciones de Benavides con los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar, en las que se concretaban reuniones, como un desayuno el 4 de octubre y otro encuentro el 31 del mismo mes en la sede del Ministerio del Interior. En esos espacios se habría planteado la estrategia para presionar el apoyo legislativo.
La Corte Suprema evalúa imponer medidas de aseguramiento contra los congresistas mencionados y continúa indagando si hubo conocimiento o participación directa del presidente Petro en los hechos investigados.
