Durante el primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó un agravamiento de la violencia y una intensificación de las emergencias humanitarias en territorios de los pueblos étnicos. Sus cuerpos, territorios y sistemas colectivos han sido objeto de una ocupación armada que impone control, fragmenta sus formas de vida y amenaza su pervivencia física, así como su permanencia cultural y política.
Este crítico panorama es presentado en el boletín Pueblos Étnicos: entre la guerra, el olvido y la resistencia, que recoge y analiza el contexto de los derechos de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado interno, ocurridos entre enero y junio de 2025.
Afectaciones directas a la organización y vida comunitaria
La presencia armada, los confinamientos prolongados, el reclutamiento forzado de personas menores de edad y las masacres están debilitando las estructuras organizativas, espirituales y territoriales de estas comunidades. A estos hechos se suman modalidades de control social más sofisticadas, como la suplantación de liderazgos y la imposición de normas externas que desconocen las formas propias de gobierno y los sistemas de justicia comunitaria. El despojo también se manifiesta en la profanación de sitios sagrados, el deterioro ambiental y los procesos de aculturación forzada, configurando un panorama de desposesión material, espiritual y simbólica.
Entre enero y junio de 2025 se registraron homicidios selectivos que dejaron como víctimas a tres autoridades étnicas, dos liderazgos regionales, siete líderes y lideresas, dos médicos y sabedores tradicionales, y dos integrantes de la guardia indígena. Estos hechos, concentrados en zonas de alta conflictividad, afectan de manera directa la capacidad de las comunidades para sostener sus sistemas de representación y sus procesos de gobierno propio, además de generar un impacto profundo en su cohesión social y espiritual.
En el primer semestre del año también se reportaron dos masacres que dejaron ocho personas asesinadas: cuatro en el resguardo Emberá Chamí Karmata Rúa (Antioquia) y cuatro en el Consejo Comunitario Manos Amigas (Nariño). Asimismo, se documentaron desapariciones forzadas en distintos territorios: cinco personas en el río Yurumanguí (Valle del Cauca) y ocho personas pertenecientes a consejos comunitarios de Nariño y Putumayo.
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes
Los pueblos étnicos, especialmente las comunidades indígenas, enfrentan una grave amenaza por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila. En Cauca, 20 de los 24 casos registrados corresponden a personas pertenecientes a comunidades indígenas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de estas poblaciones y la necesidad de adoptar medidas de protección diferenciadas y culturalmente adecuadas.
Sin embargo, la respuesta institucional frente a estas agresiones ha sido fragmentada, lenta y, en muchos casos, culturalmente inapropiada. De acuerdo con el boletín, el incumplimiento de medidas cautelares, la falta de coordinación entre entidades, el racismo estructural y las limitaciones presupuestales han configurado un patrón de abandono que incrementa los riesgos para estas comunidades. Asimismo, la ausencia de garantías para la participación de los pueblos étnicos en los procesos de Paz Total, así como la instalación inconsulta de Zonas de Ubicación Temporal, agravan el riesgo de despojo y exclusión en los territorios ancestrales.
