El abogado barranquillero Luis Miguel Hoyos, exsubdirector y exsecretario general del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), anunció que en los próximos días presentará en Bogotá una solicitud formal al procurador general, Gregorio Eljach, para que adelante una investigación sobre la administración de los recursos públicos dirigidos a la atención de la discapacidad, los cuidados y los apoyos.
La petición surge tras la conmoción nacional por la muerte de Valeria Afanador, una niña con síndrome de Down que falleció en Cajicá (Cundinamarca) luego de salir de su colegio y caer a un río.
Hoyos señaló que es necesario esclarecer qué ha ocurrido con los recursos públicos destinados a esta población y su relación con la seguridad y la vida de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias. “No sólo garantizan inclusión y protección, sino que constituyen una forma de seguridad preventiva capaz de reducir riesgos de violencia y trata de personas, situaciones que afectan especialmente a las niñas con discapacidad”, afirmó en su cuenta de X.
El jurista advirtió que en Colombia no se ha medido con rigor el impacto fiscal ni el efecto distributivo de la inversión pública en discapacidad, ni su correlación con la pobreza y la exclusión. Subrayó que la falta de trazabilidad de estos recursos compromete derechos como la educación, la salud, el empleo, el deporte y el acceso a la justicia.
Esta preocupación ya fue presentada por Hoyos en el informe entregado a la Relatora Universal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, durante su visita a Colombia en julio de 2025.
Reconocido por su trayectoria en inclusión y protección de poblaciones vulnerables, Hoyos ha ocupado cargos en instituciones nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y asesor externo de la Alcaldía de Barranquilla en la Estrategia InclúyeteMás.
