El Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación para la construcción de la planta desalinizadora de Santa Marta, un proyecto valorado en $786.000 millones que busca fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena.
La petición fue presentada con el propósito de garantizar que el proceso contractual se desarrolle bajo principios de transparencia, legalidad y protección de los recursos públicos, dada la magnitud de la inversión prevista para la ejecución de la obra.
Desde el equipo del mandatario electo se indicó que el acompañamiento preventivo del Ministerio Público permitirá reforzar los mecanismos de control durante todas las etapas de la contratación y brindar mayores garantías a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos.
La planta desalinizadora es considerada una de las obras estratégicas para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua que históricamente han afectado a Santa Marta, por lo que el proceso ha despertado un amplio interés tanto de las autoridades como de distintos sectores de la región.
Con esta solicitud, el Gobierno entrante busca que la Procuraduría haga seguimiento al proceso contractual, verifique el cumplimiento de las normas vigentes y contribuya a prevenir posibles irregularidades antes de la adjudicación y ejecución del proyecto.
