La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial alertó sobre un nuevo recorte presupuestal del Gobierno Nacional de más de 695.000 millones de pesos, elevando el recorte total a 5 billones de pesos para el presupuesto de 2026, frente a la solicitud inicial de 16 billones.
La Comisión, que agrupa a los presidentes de las altas cortes y la Fiscal General, advirtió que este recorte comprometería servicios esenciales, incluyendo:
- Pago de Sentencias: Afectaría el cumplimiento de las obligaciones judiciales.
- Nuevas Leyes: Impactaría la creación de cargos necesarios para la implementación del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Ley 2452 de 2025).
- Jurisdicción Agraria y Rural: Pone en riesgo la implementación de esta nueva jurisdicción.
- Servicios Esenciales: La situación podría poner en riesgo incluso el pago de servicios públicos de la Rama Judicial.
Tras la alerta, la Comisión se reunió con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, acordando:
- Gestionar una reunión entre Hacienda y el Ministerio de Justicia para discutir la distribución de los recursos del FRISCO.
- Instalar una mesa técnica para definir un cronograma de trabajo y plantear soluciones al déficit, centrado en las necesidades presupuestales prioritarias “desfinanciadas de la vigencia 2026“.
- El Ministerio de Hacienda deberá informar a la Comisión sobre el estado del decreto que incrementaba en 5.85% la bonificación judicial.