La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que acudirá a organismos internacionales, al considerar que el presidente Gustavo Petro vulneró la independencia judicial con sus comentarios sobre la decisión que absolvió al exmandatario.
Pocos minutos después de que se conociera el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a Álvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X varios comentarios en los que puso en duda la transparencia y objetividad de la decisión.
Petro cuestionó la independencia de los magistrados que tumbaron la condena de doce años de prisión que le había impuesto la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.
“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, trinó el jefe de Estado quien, en otro mensaje, convocó a una manifestación pública para rechazar este fallo.
Dichas declaraciones serán puestas de presente por el abogado Víctor Mosquera Marín, quien representa al expresidente Uribe, ante organismos internacionales, puesto que constituyen un irrespeto y un desconocimiento a la independencia de poderes públicos que defiende la Constitución Política de Colombia.
“En atención a la gravedad de estos hechos, la firma acudirá a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, solicitando que se analice la presión indebida derivada de las reiteradas declaraciones presidenciales”, precisó el abogado Víctor Mosquera Marín.
En este sentido, el jurista aseveró que el presidente Petro ha sido constante en estas críticas a la administración de justicia, utilizando sus redes sociales e intervenciones públicas.
“La declaración del jefe de Estado asegurando la existencia de un ‘cartel de la toga’ en el proceso del expresidente y mostrando su descontento por la decisión adoptada constituye una inaceptable injerencia del poder ejecutivo en las decisiones del poder judicial”, indicó Mosquera.
Igualmente, advirtió que todo este tipo de señalamientos contra una decisión judicial afectan considerablemente el Estado social del derecho y los principios constitucionales.
“Este tipo de afirmaciones atentan directamente contra los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, así como contra la separación de poderes y la autonomía judiciales, pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia”, asevera la firma del abogado penalista.
En la petición ante el organismo internacional se solicitará que se evalúen las afirmaciones hechas por el jefe de Estado y se tomen decisiones de fondo.
“Solicitando que se analice la presión indebida derivada de las reiteradas declaraciones presidenciales, así como el riesgo institucional que implican para la seguridad y autonomía de los jueces y abogados que participan en procesos de alta connotación pública”, enfatizó.
El senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, quienes representan a Deyanira Gómez, anunciaron que presentarán un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
