La Procuraduría General de la Nación, en articulación con la Defensoría del Pueblo, lideró una jornada de atención integral en la comunidad indígena de Cimarrón, receptora de los miembros de la comunidad de Cayaripa, Río Orinoco venezolano, desplazados ante amenazas de reclutamiento y enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley.
En una rápida acción, el Ministerio Público convocó a la Secretaría de Salud municipal, Armada Nacional, Hospital Intercultural ESE Renacer, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Alcaldía de Inírida y Registraduría Nacional del Estado Civil, brindando atención a ocho familias, 29 adultos y 31 menores de edad.
Como resultado de esta acción se les brindó asistencia médica, medicamentos, desparasitación, actividades lúdicas e identificación.
Con estas acciones se pretende minimizar los efectos del desplazamiento de estas familias, garantizando su derecho a la salud y brindando algunas ayudas para su subsistencia.
