Un grave incidente ocurrido en la región del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), la zona cocalera más importante de Perú, ha generado una fuerte controversia internacional. Cinco personas perdieron la vida a manos de miembros del Ejército peruano, entre ellas un ciudadano colombiano, en un hecho que ahora es objeto de una compleja investigación judicial.
La identidad de la víctima: una versión en disputa
El colombiano fallecido fue identificado como Nilson Eduardo Montenegro Valencia. Su caso ha desatado un choque de versiones entre las autoridades peruanas y la defensa legal de las víctimas:
Versión oficial: El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó inicialmente que el ciudadano colombiano había ingresado al país de manera irregular y que contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.
Versión de la defensa: Anthony Crespo Barrionuevo, abogado de las víctimas, desmintió categóricamente estas afirmaciones. Según el jurista, Montenegro Valencia tenía su documentación en regla para permanecer en Perú hasta julio de 2026 y no poseía antecedentes penales. Además, el abogado aseguró que el fallecido residía en Huancayo y se dedicaba a jugar fútbol en partidos locales, ganándose la vida entre 150 y 250 soles por encuentro.

Los hechos y la hipótesis de los “mochileros”
El atentado ocurrió el pasado domingo en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Según los reportes iniciales, una patrulla del Ejército abrió fuego contra el vehículo donde viajaban las víctimas, tras presuntamente haber recibido la orden de detenerse y hacer caso omiso.
Aunque las autoridades militares aseguraron que se trataba de un operativo antidrogas, las diligencias preliminares no encontraron armas ni estupefacientes en el interior del vehículo acribillado.
Un sobreviviente del ataque entregó un testimonio clave a la Policía:
Indicó que los ocupantes del vehículo cumplían labores de “mochileros” (transportadores de cocaína en mochilas).
No obstante, el testigo aclaró que al momento del ataque no transportaban droga ni armas, ya que habían entregado el cargamento previamente en otro vehículo.
Investigación en curso
El caso ha sido tomado por la Fiscalía peruana, que investiga a ocho militares involucrados en el operativo, quienes fueron detenidos preliminarmente y posteriormente puestos en libertad. Además, se investiga a tres civiles relacionados con el contexto del incidente.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha exigido una investigación inmediata, independiente y con “debida diligencia”, ante la gravedad de un operativo que terminó con la vida de cinco personas en una zona donde operan organizaciones del narcotráfico y remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso.








