Una nueva polémica se desata tras la expedición del Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Vivienda Helga Rivas, que modifica las condiciones para acceder a subsidios de vivienda familiar.
El decreto elimina la exigencia de licencia de construcción para las modalidades de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y construcción en sitio propio, siempre y cuando los proyectos sean objeto de subsidio estatal.
En otras palabras: el Gobierno autoriza construir con recursos públicos sin licencia.
Expertos advierten que esta medida podría abrir la puerta a la informalidad urbanística y socavar el sistema de control y planeación territorial que garantizaba la seguridad estructural, el respeto a normas ambientales y la legalidad en el uso del suelo.
“Acaban con la formalidad. Minan la institución número uno que garantiza la legalidad de la construcción: la licencia”, señalaron urbanistas críticos, quienes además recuerdan que el programa Mi Casa Ya, que promovía vivienda formal con financiación estatal, fue desmontado por el actual Gobierno.
El Ejecutivo defiende el cambio argumentando que busca agilizar el acceso a vivienda para familias vulnerables, pero los gremios advierten que el remedio puede ser peor que la enfermedad, pues permitir obras sin licencia con recursos del Estado pone en riesgo la transparencia y la calidad de las construcciones.
