La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar una concentración inusual de contratación pública el pasado 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68 % del total contratado en la primera semana de noviembre.
El fenómeno representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que supone un incremento del 190 % frente a niveles históricos. La Contraloría calificó esta concentración como un indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales preelectorales.
Entre las entidades más activas, el Departamento de Prosperidad Social concentró $770 mil millones, es decir, 8,5 % del total de contratación estatal de esa semana. Las autoridades analizan ahora la distribución de estos contratos en los diferentes departamentos.
Esta revisión hace parte del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo de la Contraloría, presentado oficialmente el 10 de noviembre, que monitorea la contratación pública durante el periodo electoral, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.
“La información permitirá identificar operaciones sensibles —como logística, eventos y suministros— para anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no se utilicen en contravención de la Ley de Garantías ni con fines distintos al interés general”, indicó la CGR.
La Contraloría adelanta un seguimiento exhaustivo de todos los contratos de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, analizando valores, modalidades, entidades ejecutoras y objetos contractuales, con el objetivo de prevenir irregularidades y garantizar transparencia en época electoral.
