Durante la cumbre, solicitada por Colombia con el respaldo de China y Rusia, se debatirá la legalidad del operativo militar estadounidense en el país caribeño.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este lunes para debatir la
legalidad del operativo militar estadounidense en Venezuela, luego de que el secretario general del organismo, António Guterres, advirtiera que la denominada operación
“Resolución Absoluta” podría sentar
“un precedente peligroso” para el orden global.
La cumbre, solicitada por
Colombia con el respaldo de China y Rusia, pondrá bajo la lupa la violación de la Carta fundacional de la ONU y el
uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.
El debate, se produce en un clima de extrema tensión diplomática, exacerbado por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos dirigirá el país caribeño
“hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
Frente a esto, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció desde Caracas que Washington busca imponer una
“guerra colonial” para tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo y establecer un
“gobierno títere” que responda a sus intereses.
Por su parte, la representación de Estados Unidos ante el organismo rechazó las acusaciones de “cambio de régimen” y enmarcó la captura de Nicolás Maduro dentro de un proceso judicial internacional.
“Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, sentenció el embajador Mike Waltz a través de sus redes sociales, calificando al exmandatario como un dictador ilegítimo al mando de una organización narcoterrorista.
La reunión del lunes
será la tercera en tres meses dedicada a la crisis venezolana, en un contexto donde Washington ya había intentado justificar sus movimientos navales apelando al derecho de legítima defensa.
Sin embargo, la escala de la intervención terrestre y aérea generó una preocupación generalizada en la Secretaría General de la ONU por la
“falta de respeto al derecho internacional”, lo que anticipa un duro cruce de vetos y acusaciones entre las potencias que integran el órgano máximo de seguridad.
