La tensión entre el Gobierno nacional y la Rama Judicial sigue aumentando luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
En las últimas horas, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) anunció que solicitará medidas de protección internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, tras los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro contra el magistrado Juan Enrique Bedoya.
La organización aseguró que la reacción del Ejecutivo frente a la decisión judicial representa un “ataque directo” contra la autonomía de los jueces y advirtió sobre una supuesta “criminalización” de las decisiones adoptadas por los magistrados.
Según la CEJ, el desacuerdo con una providencia judicial no puede convertirse en motivo para intimidar o desacreditar públicamente a quienes administran justicia. En ese sentido, cuestionó las declaraciones del mandatario, quien pidió demandar al magistrado que firmó la medida cautelar relacionada con el traslado de los ahorros pensionales.
“Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos”, manifestó la Corporación Excelencia en la Justicia en un comunicado.
El pronunciamiento se suma al respaldo expresado por distintas instituciones judiciales en defensa de la independencia de poderes. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial también pidió respeto por las decisiones de los altos tribunales y recordó la importancia de preservar el equilibrio institucional.
Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach señaló que todas las autoridades están obligadas a cumplir y acatar las decisiones judiciales expedidas dentro del marco constitucional.
La controversia se originó luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el decreto relacionado con el traslado de cerca de 25 billones de pesos correspondientes a ahorros pensionales administrados por fondos privados. La medida provocó fuertes críticas desde el Gobierno nacional, generando una nueva confrontación entre el Ejecutivo y sectores de la justicia colombiana.
