Una nueva controversia se desató en torno al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), luego de que fueran señalados varios funcionarios de la Fiduprevisora S. A. de intentar conformar un sindicato mientras enfrentan denuncias por presuntos actos de corrupción.
El vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona Abello, denunció a distintos funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos. Según sus señalamientos, algunos de los implicados estarían impulsando la creación de un sindicato denominado Sintrafiduciarios, con el objetivo de ampararse en el fuero sindical y evitar eventuales decisiones laborales en su contra.
De acuerdo con la información conocida, entre los mencionados figura Camilo Andrés Barrera Sánchez, exasesor estratégico y exgerente jurídico de la entidad, señalado por presuntamente emitir conceptos jurídicos que habrían permitido el pago de una prima por cerca de 260 mil millones de pesos, considerada irregular por sus denunciantes. También se le atribuye participación en otros pagos cuestionados relacionados con la liquidación de Sumimedical.
Otro de los nombres mencionados es Carlos Gildardo Cortés Acuña, directivo del área de planeación, quien habría estado involucrado en decisiones administrativas relacionadas con pagos millonarios cuestionados y presuntas actuaciones contrarias a fallos judiciales.
Asimismo, aparece Christian Ramiro Fandiño Riveros, señalado en otros procesos asociados a presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como Marco Aurelio Reina Fernández, quien habría ocupado cargos directivos y posteriormente regresado a la entidad en un nuevo cargo de alto nivel.
También figura Mario Yamit Silva Nieto, vinculado al área de nómina, quien ahora haría parte de la conformación del nuevo sindicato.
Las denuncias sostienen que el uso del fuero sindical podría convertirse en un mecanismo para frenar decisiones disciplinarias o laborales derivadas de los procesos en curso. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de los señalados frente a estas acusaciones.
El caso continúa en seguimiento por parte de las autoridades competentes, mientras crece la polémica en torno al manejo de recursos del sector educativo y la administración del fondo.
