La bandera principal del gobierno saliente de Gustavo Petro, la Reforma Rural Integral, acaba de recibir un durísimo golpe fiscal y jurídico. Una exhaustiva auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó casi un billón de pesos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un paquete de 537 predios (bienes incautados al narcotráfico) sin que la propiedad de estos quedara consolidada legalmente a nombre del Estado colombiano.
El resultado al cierre de la vigencia fiscal es alarmante: de más de 500 inmuebles pagados, solo tres quedaron registrados formalmente a nombre de la Nación.
El “pecado” contractual: Flexibilizar los pagos antes de registrar
El ente de control destapó que la ANT y la SAE firmaron dos millonarios contratos interadministrativos por $500.000 millones y $479.000 millones, respectivamente.
Aunque inicialmente estos contratos blindaban los recursos públicos exigiendo que los pagos se hicieran a medida que se completaran los hitos de escrituración y registro, la lupa de la Contraloría descubrió una grave irregularidad:
Contratos modificados: Las cláusulas fueron “flexibilizadas” durante la ejecución, lo que permitió que la ANT girara prácticamente el 100% de la plata sin tener las escrituras registradas.
Vacío legal peligroso: Bajo el Código Civil colombiano, un contrato de compraventa es solo el título; la propiedad real solo se transfiere cuando se inscribe en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Mientras esto no pase, estas tierras siguen expuestas a embargos, tutelas o reclamaciones de terceros.
Trabas para los campesinos: Para la Contraloría, la falta de registro de propiedad frena en seco la entrega y adjudicación formal de estas tierras a las víctimas y campesinos beneficiarios de la reforma agraria.
La defensa de Felipe Harman: “Es una póliza de aseguramiento”
Felipe Harman, exdirector de la ANT, defendió con vehemencia el cuestionado esquema y negó rotundamente que los recursos públicos corran peligro o estén en riesgo de perderse:
Negocio entre públicos: Al tratarse de transferencias entre dos entidades estatales (ANT y SAE), la plata permanece en manos del Estado.
El billón de pesos como escudo: Según Harman, el billón de pesos funciona como una especie de “póliza” o garantía. Si la justicia llegara a ordenar la devolución de una finca extinguida a un reclamante, no se le devolverá la tierra (que ya está ocupada por campesinos), sino que la SAE usará esos fondos para pagarle el equivalente en dinero al demandante.
Sin embargo, la Contraloría rechazó tajantemente estos argumentos, advirtiendo que la enajenación temprana no exime a las entidades de proteger el patrimonio público. Menos aún cuando la propia ANT reconoce que muchos de esos predios enfrentan ocupaciones ilegales, líos de linderos, problemas de seguridad y procesos judiciales activos.
El convenio se encoge y se pide una prórroga hasta 2026
Para intentar salvar el negocio jurídico, la ANT ha solicitado formalmente ampliar el convenio con la SAE hasta el 31 de diciembre de 2026. Los documentos de seguimiento revelan que el proyecto inicial se ha venido desmoronando en el camino:
| Detalle del convenio ANT – SAE | Cifras y Estado |
| Predios proyectados inicialmente | 528 predios |
| Desistimientos (bienes inviables) | 133 predios cancelados |
| Universo real de predios hoy | 395 predios |
| Predios sin superar fase de planos | 108 predios |
| Predios formalizados en el Fondo de Tierras | Solo 3 (o 4 de forma parcial) |
| Déficit de dinero por predios caídos | $199.828 millones (faltante que debe reponerse con nuevas fincas) |
Debido a este desorden administrativo, a la entrega de información incompleta y a la constitución irregular de reservas presupuestales por más de $96.000 millones, la Contraloría emitió una opinión “no razonable” sobre las finanzas de la ANT y se negó a fenecer su cuenta fiscal de 2025. Un dolor de cabeza fiscal que ahora hereda el nuevo gobierno.
