El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de trasladar el proceso judicial contra 11 personas capturadas por presuntos actos de terrorismo a un grupo especializado que evaluará si los hechos investigados corresponden a delitos o al ejercicio de la protesta social.
El mandatario distrital aseguró que la medida pone en riesgo una investigación que, según afirmó, cuenta con pruebas sólidas sobre la participación de los procesados en ataques violentos ocurridos entre 2024 y 2025 en la capital del país.
“Es muy preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro. En Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, y lo haremos, pero no podemos permitir que se disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo”, manifestó Galán.
Fiscalía revisará el proceso
La controversia surgió luego de que una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dispusiera que el expediente sea analizado por un grupo especial de fiscales, el cual determinará si las conductas investigadas constituyen delitos como terrorismo o si están amparadas por el derecho a la protesta.
Los 11 procesados permanecen privados de la libertad y son señalados de participar en al menos 28 hechos vandálicos registrados en Bogotá durante los últimos dos años.
“No eran manifestantes”
Galán sostuvo que las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional indican que los capturados hacían parte de una estructura criminal organizada que utilizaba explosivos y bombas incendiarias para atacar a integrantes de la fuerza pública y al sistema de transporte público.
Según recordó el alcalde, la investigación que permitió las capturas se extendió durante dos años y concluyó, de manera preliminar, que los implicados no actuaban como manifestantes, sino como integrantes de una organización dedicada a cometer actos de violencia.
El pronunciamiento del mandatario se suma al debate sobre el alcance del derecho a la protesta y el tratamiento judicial de los hechos violentos ocurridos durante las movilizaciones en la capital del país. Mientras la Fiscalía adelanta la revisión del expediente, el proceso continúa bajo análisis de los fiscales especializados.
