La tensión política en el empalme presidencial ha alcanzado su punto máximo. El Ministerio Público ordenó una intervención de carácter preventivo y de urgencia en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), detonada por las graves denuncias públicas realizadas por el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella.
El mandatario electo encendió las alarmas nacionales ante lo que considera un riesgo inminente para las finanzas del Estado y la seguridad de su futuro equipo de gobierno, a tan solo días de la posesión oficial.
El botín de la discordia: Un contrato de $78.000 millones
La lupa de la Procuraduría se fijó específicamente sobre una licitación exprés que se adelanta en la recta final del gobierno saliente. Los detalles del proceso han generado profunda suspicacia en el equipo de empalme:
El proceso: Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026.
El presupuesto: Una billonaria cifra que supera los $78.000 millones de pesos.
El objetivo: Contratar el servicio de escoltas y esquemas de seguridad para las zonas de protección que blindarán, nada más y nada menos, que al propio Presidente de la República y a los miembros de su nuevo gabinete ministerial.
“La principal preocupación se centra en la posible afectación de recursos públicos y riesgos para la seguridad de quienes integrarán el nuevo gabinete”, advirtió textualmente el pronunciamiento emitido por De la Espriella.
Cara a cara en la UNP: Los hallazgos preliminares
La diligencia, liderada por el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, obligó a la cúpula de la entidad a comparecer de inmediato en una mesa técnica de inspección.
ASISTENTES CLAVE A LA INSPECCIÓN:
• Augusto Rodríguez (Director de la UNP)
• Juan Camilo Chavarro (Secretario General)
• Miguel Ángel Quiroga (Subdirector de Protección)
• Grace Fregozo (Jefe de la Oficina Jurídica)
Fuentes de alta fidelidad confirmaron a 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que, en este primer acercamiento táctico, el Ministerio Público no detectó irregularidades iniciales en la adjudicación y trámite de las zonas 1 y 2, encargadas de la protección de los altos servidores públicos.
Un caso que sigue abierto
Aunque el primer round favorece a la actual administración de la UNP con un parte de tranquilidad inicial, la investigación no ha sido archivada. La Procuraduría General de la Nación mantendrá el proceso bajo estricto escaneo preventivo para garantizar que el multimillonario contrato cumpla con los principios de transparencia y no deje desprotegido al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
