Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y dos meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino con discapacidad cognitiva, hechos ocurridos en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.
La decisión fue adoptada luego de que el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, posteriormente avalado por un juez de la República.
Según el ente acusador, el crimen ocurrió el 7 de octubre de 2025, cuando la víctima, un campesino de 27 años, fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal y trasladada a una base militar.
La investigación estableció que el hombre permaneció retenido durante cerca de cinco horas, tiempo en el que fue sometido a múltiples actos de tortura. De acuerdo con la Fiscalía, fue desnudado, golpeado, amarrado, colgado de un árbol y sometido a maniobras de asfixia y sofocamiento, agresiones que finalmente le ocasionaron la muerte.
Tras el fallecimiento, los militares involucrados habrían envuelto el cuerpo en una hamaca, lo trasladaron hasta un helipuerto y posteriormente lo arrojaron a un río con el propósito de ocultar el crimen.
Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cadáver y los análisis practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que la causa de la muerte correspondía a las lesiones ocasionadas durante las torturas.
La Fiscalía recordó que por este mismo caso ya había sido condenado el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien aceptó su responsabilidad mediante preacuerdo y recibió una pena de 20 años y tres meses de prisión.
Asimismo, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso judicial y permanecen privados de la libertad mientras avanza el trámite en su contra.
El caso ha generado rechazo por la gravedad de los hechos y por las violaciones a los derechos humanos atribuidas a los uniformados, quienes fueron condenados por los delitos agravados de tortura, homicidio y desaparición forzada.
