Por Eduardo Verano de la Rosa
La contundencia de la reacción de las autoridades ante la captura del presunto responsable del infame crimen contra la pequeña Celeste en Polonuevo, Atlántico, envía una señal nítida sobre la efectividad institucional cuando existe determinación, capacidad de respuesta e inmediatez en el accionar del Estado.
Sin embargo, ese despliegue debe trascender la coyuntura del dolor y replicarse de forma sistemática frente a los flagelos que azotan a nuestras comunidades, como lo hemos propuesto al anunciar el refuerzo de la seguridad en el municipio de Puerto Colombia mediante 30 unidades de una fuerza de tarea especial de la Segunda Brigada en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar).
El objetivo central de esta operación no es otro que avanzar hacia la captura de los integrantes de las estructuras delincuenciales que han venido extorsionando y amenazando a los comerciantes de este municipio, una conducta criminal que se ha vuelto cotidiana a lo largo del departamento del Atlántico y del territorio nacional.
No obstante, la experiencia nos demuestra que el esfuerzo táctico en las calles pierde todo su impacto si no se articula de forma inmediata con equipos especializados de Policía Judicial y fiscales asignados para dar continuidad al proceso legal.
Solo mediante el despliegue territorial y la investigación técnica será posible estructurar un modelo de persecución penal moderno, capaz de garantizar no solo la detención inicial, sino la judicialización rigurosa y la desarticulación definitiva de las organizaciones criminales.
Con la llegada del nuevo Gobierno nacional, confiamos en que se consoliden estrategias diferenciales en estrecha coordinación con la Fiscalía y las autoridades locales, con el propósito de implementar políticas de seguridad integral que los territorios solos no pueden asumir de manera aislada.
El sector de la seguridad nacional no puede seguir respondiendo con esquemas convencionales y desarticulados frente a estructuras complejas, pues la mera presencia policial es insuficiente si la cadena de justicia se rompe internamente.
Las cifras recientes de la administración de justicia en el Atlántico reflejan esta urgente necesidad: entre 2019 y 2024, la demanda penal se duplicó con un incremento del 107 % pasando de 206.897 a 428.435 casos, lo que desborda por completo la respuesta institucional.
Esta sobrecarga genera que el 95 % de los procesos permanezcan sin evacuar: solo en el Distrito Judicial de Barranquilla, entre 2019 y 2024, 404.292 procesos siguen represados, es decir, 7 de cada 10 expedientes.
A este panorama se suma que el 61,8% (11.966 casos) terminan archivados por falta de identificación de los responsables, lo que evidencia una falla estructural en la capacidad de investigación judicial que deja en la impunidad miles de delitos.
Paralelamente, el flujo del proceso penal se frena en los estrados, donde el 52 % de las audiencias programadas se frustran, siendo el propio Estado el responsable del 86 % de estas fallas debido a la inasistencia de fiscales, choques de agenda o falta de defensores públicos.
Por todo esto, insistimos en una visión integral: observamos con enorme ilusión que las capacidades del nivel central se adapten y bajen a los territorios para gobernar de la mano con las regiones, consolidando una justicia oportuna que devuelva la tranquilidad y el desarrollo a la gente.
