Por Eduardo Verano de la Rosa
La exigencia de mayor seguridad de nuestras comunidades es legítima y urgente ante una criminalidad que muta y nos golpea sin tregua. Tradicionalmente, la respuesta del Estado ha sido reactiva: más agentes de policía en las calles, blindaje tecnológico y patrullajes reforzados.
Sin embargo, quienes gobernamos desde las regiones entendemos una cruda realidad: la guerra contra el delito no se gana únicamente con fuerza pública si las puertas giratorias de la impunidad siguen abiertas. El verdadero talón de Aquiles de nuestra seguridad está en la crisis estructural de nuestro sistema judicial.
El próximo Gobierno nacional heredará un desafío colosal. No se trata de un problema nuevo, sino de una deuda histórica institucional que se ha capitalizado a lo largo de los años.
El sustento de esta afirmación proviene de un riguroso estudio técnico que realizamos en la Gobernación del Atlántico en 2019, al final de mi segundo mandato, y que hemos actualizado recientemente para tomarle el pulso a la realidad del país.
Las cifras de esta radiografía —aplicables a la alarmante situación del territorio colombiano y reflejadas de manera crítica en Barranquilla y algunos municipios del Atlántico— son el reflejo del colapso de un aparato penal que opera muy por encima de sus límites humanos y presupuestales.
En apenas cinco años, la demanda penal prácticamente se duplicó: se disparó 107 %, pasando de 206.897 en 2019 a 428.435 en 2024 y con la misma capacidad operativa para resolverla.
Esta asimetría ha provocado una congestión estructural insostenible a nivel departamental: la tasa de evacuación total de procesos se desplomó del 17 % que teníamos en 2019 a un raquítico 5 % en 2024.
En términos sencillos, el 95 % de los procesos penales se quedan sin evacuar, acumulándose en un inventario interminable donde el ciudadano pierde la fe en las instituciones y el delincuente gana terreno. De hecho, solo al cierre de 2024, el inventario final acumulaba 404.292 procesos; es decir, siete de cada diez casos en el sistema quedan represados.
¿Dónde radica la falla? El diagnóstico nos obliga a mirar hacia adentro del Estado. Durante el 2024 se programó el máximo histórico de 22.771 audiencias penales, pero el 52 % de ellas resultaron fallidas; es decir, 11.934 diligencias nunca se realizaron. El 86 % de esos fracasos son atribuibles directamente a fallas del Estado: 45 % por inasistencia de fiscales desbordados, 31 % por cruces de agenda de los jueces y 13 % por la no comparecencia de defensores públicos.
Los juzgados municipales de conocimiento y mixtos operan a un inverosímil 372 % de su capacidad instalada. Un solo fiscal enfrenta una carga promedio de 2.746 procesos al año, cuando su capacidad efectiva de respuesta técnica es de 135 casos. Con una preocupante tasa en ciudades principales de solo 2,37 jueces por cada 100.000 habitantes, el estrangulamiento del sistema es matemático e inevitable.
El resultado directo de esta falta de herramientas investigativas es desolador: el 61,8 % de los casos penales terminan archivados debido a que la Fiscalía no logra identificar al responsable del delito.
De nada nos sirve capturar en flagrancia si no hay jueces suficientes para procesar, fiscales con tiempo para investigar ni salas disponibles para dictar sentencia. ¡Aquí está la radiografía, avancemos!
