Una nueva controversia se abrió en el proceso de transición presidencial luego de que se conociera que el Gobierno de Gustavo Petro adjudicó, a pocos días de finalizar su mandato, contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de $3,2 billones, comprometiendo además vigencias futuras hasta el año 2035.
La decisión generó preocupación en el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, que había solicitado aplazar la firma de estos procesos mientras se revisaban sus implicaciones técnicas, jurídicas y presupuestales.
La ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, anunció que el nuevo gobierno realizará una revisión exhaustiva de todas las adjudicaciones para verificar que se ajusten a los principios de transparencia, sostenibilidad financiera y legalidad.
“Cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero, como corresponde”, afirmó Noguera, al señalar que resulta necesario evaluar la conveniencia de comprometer recursos públicos mediante vigencias futuras que se extenderán durante casi una década.
La controversia gira alrededor de 10 contratos de obra y seis de interventoría destinados al mejoramiento de vías terciarias en municipios de La Guajira, entre ellos Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, proyectos que fueron adjudicados en la recta final del actual gobierno.
Por su parte, la ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió las adjudicaciones al asegurar que hacen parte de una planeación iniciada desde finales de 2025 y que fueron desarrolladas mediante procesos de licitación pública con todas las garantías legales.
Según explicó, las obras buscan dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Estado adoptar medidas para atender la crisis humanitaria y estructural que enfrenta La Guajira, especialmente en materia de infraestructura y acceso a servicios.
Sin embargo, desde el gobierno entrante insisten en que, además del propósito de las inversiones, será necesario determinar si los compromisos adquiridos son financieramente sostenibles y si las vigencias futuras fueron estructuradas de manera responsable.
La revisión anunciada por el Ministerio de Transporte será clave para establecer si las adjudicaciones corresponden a proyectos debidamente planificados y ajustados a la normatividad vigente o si, por el contrario, representan una carga presupuestal que limitará el margen de acción del nuevo gobierno durante los próximos años.
