El Gobierno entrante recibió un complejo diagnóstico sobre la situación del sistema de salud colombiano, cuyo principal desafío será enfrentar una crisis financiera marcada por millonarias deudas entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como el deterioro patrimonial de buena parte de las aseguradoras y los riesgos que enfrentan los hospitales públicos.
El informe de empalme del sector salud revela que las EPS acumulan cuentas por pagar por $41,5 billones, de los cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas. Esto significa que el 92,6 % de la cartera se encuentra en mora, una situación que compromete la liquidez de clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios en todo el país.
El documento también evidencia el deterioro financiero de las aseguradoras. Las 23 EPS que reportaron información registran un patrimonio neto consolidado de -18,2 billones de pesos, mientras que 23,1 millones de afiliados, equivalentes al 46 % del sistema, pertenecen a entidades que actualmente se encuentran bajo medidas administrativas.
Otro de los indicadores que genera preocupación es el crecimiento de los pasivos. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, estos aumentaron un 43 %, mientras que los activos solo crecieron un 21 %, ampliando el desequilibrio financiero del sistema.
A ello se suma una siniestralidad del 105,6 %, lo que refleja que por cada 100 pesos que ingresan al sistema se destinan 105,6 pesos para cubrir los costos de atención en salud. Como consecuencia, las pérdidas operacionales pasaron de aproximadamente $600.000 millones a cerca de $2 billones en un año.
La situación es aún más crítica en las EPS intervenidas, cuyo patrimonio negativo asciende a $12,8 billones y cuya siniestralidad alcanza el 117,8 %. En contraste, las EPS que no están intervenidas también presentan un patrimonio negativo cercano a $5,33 billones. El informe advierte, además, que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en apenas cinco entidades.
En cuanto a la red hospitalaria pública, el diagnóstico estima un riesgo fiscal de $3,55 billones asociado al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado (ESE). Por ello, recomienda revisar con prioridad la situación de las 260 ESE que actualmente cuentan con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, además de establecer mecanismos que eviten embargos judiciales y faciliten acuerdos de pago con las EPS para recuperar el flujo de recursos.
Como parte de las estrategias planteadas para atender la crisis, el informe propone convocar un proceso nacional de conciliación entre EPS e IPS con el propósito de depurar y certificar las deudas, establecer cronogramas de pago y mejorar la liquidez del sistema, tomando como referencia mecanismos implementados anteriormente como el Acuerdo de Punto Final.
Asimismo, plantea fortalecer el aseguramiento, mejorar la gestión de las EPS intervenidas y priorizar los municipios con mayores brechas de cobertura. En ese análisis, Soacha aparece como el territorio con la mayor diferencia entre la población y la cobertura efectiva del sistema, con cerca de 294.000 personas afectadas.
El documento también recomienda elaborar planes de contingencia que garanticen la continuidad de servicios esenciales como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, especialmente en las instituciones con mayor riesgo financiero, mediante una mayor articulación con las Empresas Sociales del Estado y los Equipos Básicos de Salud.
En materia de vigilancia epidemiológica, el informe sugiere fortalecer el cruce de información entre las bases de mortalidad del DANE y los registros de Sivigila para corregir posibles inconsistencias, además de mejorar los análisis territoriales que permitan identificar brechas entre regiones y poblaciones.
Finalmente, el diagnóstico recomienda establecer un régimen de transición de entre 12 y 18 meses para la implementación de los cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud, con el fin de evitar que una aplicación inmediata de las nuevas disposiciones afecte la continuidad en la prestación de los servicios mientras se garantizan los recursos necesarios para su ejecución.
