La Cancillería colombiana abrió una investigación interna por presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Embajada de Colombia en Haití, luego de detectar inconsistencias que comprometerían más de 500.000 dólares pendientes de legalización, además de otros movimientos que están siendo objeto de revisión.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, confirmó que se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer la gestión de la embajadora Vilma Rocío Velásquez, tras encontrarse presuntas operaciones financieras que carecerían de los soportes exigidos por la normativa.
Entre los hallazgos preliminares, la Cancillería reportó gastos que, presuntamente, no cuentan con la documentación que justifique su ejecución, así como un cheque girado desde la cuenta de funcionamiento de la misión diplomática hacia una cuenta bancaria personal de la funcionaria, hecho que también hace parte de las verificaciones en curso.
De acuerdo con la jefe de la diplomacia colombiana, las investigaciones buscan establecer si existieron incumplimientos en los procedimientos administrativos, posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos o eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.
La Cancillería indicó que el proceso se encuentra en etapa de revisión interna y que, una vez concluya la recopilación de pruebas, se determinará si el caso debe ser trasladado a los organismos de control y a las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento, la embajadora Vilma Rocío Velásquez no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos conocidos, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer el destino de los recursos y verificar la legalidad de las operaciones financieras detectadas.
El caso se suma a las revisiones que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el manejo administrativo y presupuestal de varias misiones diplomáticas colombianas en el exterior, con el objetivo de fortalecer los controles sobre la ejecución de los recursos públicos y garantizar la transparencia en el servicio diplomático.
