La indebida formulación y pago de recobros y los sobrecostos en medicamentos, están a la cabeza de las modalidades más frecuentes de menoscabo a los recursos parafiscales de la salud, según ha podido establecer la Contraloría General de la República.
Otra modalidad que está a la par es la intermediación indebida de los recursos de la UPC, con el traslado de funciones que están directa y exclusivamente a cargo de las EPS, a terceros que no están habilitados por la ley.
Y claro, no puede faltar la sustracción y aprovechamiento de los recursos, desviados con el objeto de acrecentar el patrimonio particular.
El tema de “Responsabilidad fiscal y protección de los recursos de la salud” es abordado por la Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, Claudia Serrano Evers, en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, dedicada esta vez a analizar, desde distintas perspectivas, cómo le irá al sector salud en la pospandemia.
La línea doctrinal de la CGR, contenida en sus fallos de responsabilidad fiscal y elaborada con base en la realidad probatoria de cada expediente, ha permitido fijar precedentes o tipologías de diversas modalidades de menoscabo de los recursos parafiscales de la salud, de los cuales se destacan los antes referidos.
De igual modo, en la Contraloría General de la República se adelantan actuaciones para verificar si, a pesar de los reiterados pronunciamientos que ha hecho sobre la indebida destinación y aprovechamiento de los recursos, algunas EPS en la actualidad han incurrido presuntamente en:
✱ La erogación de gastos de administración dentro de la franja de la UPC, por productos o servicios que no se prestaron o no se utilizaron.
✱ Pagos de anticipos por servicios de salud que no se prestaron.
✱ Omisión de la gestión de cobro de cartera dentro de procesos liquidatorios en desmedro de los recursos parafiscales.
✱ Pago de créditos que no tienen relación de conexidad con la prestación de los servicios a los usuarios.
✱ Adquisición de equipos e inmobiliario no relacionados con dicha prestación.
✱ Y pago de transporte de personal administrativo.
Restructuración del sector salud: Contralor
En el editorial de la revista Economía Colombiana, el Contralor Carlos Felipe Córdoba dice que después de la pandemia, Colombia enfrentará sustanciales e impactantes cambios en su derrotero social y económico y uno que definitivamente resulta ineludible es la reestructuración del sector salud, no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de esos recursos.
También se requiere tomar esta decisión para garantizar que los dineros de la salud se orienten hacia la modernización tecnológica de la política sanitaria y el apoyo suficiente a la investigación científica y la ciencia médica, puntualiza el jefe del organismo del organismo de control.
El Contralor señala que por lo menos el 60 por ciento de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros, a pesar de que anualmente se incorporan inmensos recursos por parte de la Nación y los territorios para atender al sector.
“Los dineros destinados no fluyen con la diligencia requerida por ineficiencias en la contratación, por el exceso de trámites burocráticos, enredados procedimientos administrativos y, lo que es peor, por la corrupción en algunos eslabones de la cadena”, asegura.
“Ahí tenemos un desafío enorme: trabajar por una nueva política de salud, por nuevos diseños presupuestales, por una acción más contundente de los organismos de control, por una protección integral para quienes trabajan en clínicas, hospitales y entidades sanitarias, no solo en la parte laboral sino también en la operativa. Construir un sistema humanamente más cercano a la gente, como nos enseñaron el coronavirus y la cuarentena que vivimos con ejemplos dolorosos y dramáticos”, sostiene.
Manos sucias de la corrupción no dieron tregua en plena pandemia
El Contralor Carlos Felipe Córdoba lamentó que las manos sucias de la corrupción no hayan descansado ni siquiera en medio de la tragedia social que ha traído la pandemia para millones de colombianos.
“Es increíble que una parte de las ayudas decretadas por el gobierno para aliviar el drama de quienes han tenido que confinarse en sus casas, sin empleo y sin dinero para auxiliar a sus familias, fueran objeto del asalto de intermediarios canallas que, aprovechando la urgencia de la asistencia social, no dudaron en realizar sus tramposos negocios con la comida y los subsidios de los más necesitados”.
“Por fortuna, fueron puestos al descubierto muy temprano y recibirán rápidamente enérgicas sanciones por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República”, indicó.
“Es una triste situación que el país rechaza indignado y que nos sacude y estimula para no descansar en el objetivo de llevarlos a la cárcel y recuperar los dineros robados a los débiles presupuestos sociales del país”, agregó.
Recordó el Contralor General que a la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia.
Preocupación de la CGR por ejecución de recursos de salud a nivel departamental
Por su parte, la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, escribió un artículo sobre el control concurrente que ejerce la CGR a los recursos de la salud.
La labor de la Contraloría se centra en verificar el flujo de los 4 billones de pesos que las EPS reciben cada mes, pero con especial énfasis en el comportamiento del giro directo desde la Adres a los hospitales y clínicas, que es el 68 % de la UPC en el régimen subsidiado, cerca de 5,4 billones de pesos en los primeros cuatro meses de 2020, explicó.
Anotó también que la Contraloría General de la República actuará de forma articulada con las contralorías territoriales para que los recursos de la salud pública colectiva se ejecuten oportunamente y con suficiencia.
Recordó que cada mes el sistema de salud gestiona alrededor de 4,5 billones de pesos, que no pueden quedar en cuentas bancarias ante tantas necesidades del servicio de salud.
Y, adicionalmente, reveló que -de acuerdo los resultados preliminares de un estudio que adelanta la dependencia a su cargo- la oportunidad en la ejecución de los recursos para la salud es incompleta en la mayoría de las entidades territoriales departamentales, por lo que se ha encontrado al analizar en lo sucedido en los cuatrienios de los gobiernos 2012-2015 y 2016-2019.
El análisis inicial realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Salud encontró que en el periodo 2012-2015, de 3,7 billones de pesos disponibles del SGP para salud pública, solo se ejecutó el 59%, pero lo más preocupante es que en 2012 –primer año de gobierno– se ejecutó solo la tercera parte de los 0,72 billones disponibles.
