Durante la reanudación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, su abogado defensor, Alejandro Carranza, afirmó que la Fiscalía no ha presentado pruebas directas que demuestren que su cliente haya recibido los $111 millones por los que es investigado dentro del denominado caso Fucoso.
Ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Carranza sostuvo que el ente acusador se basa únicamente en interpretaciones y no en evidencias concretas. “No trajeron la prueba directa de que haya recibido esos dineros. No existen registros bancarios ni testimonios de personas que hayan visto que Nicolás Petro recibió ese dinero”, señaló el abogado durante su intervención.
El defensor explicó que el proceso se apoya principalmente en conversaciones de chat de una persona que obtuvo un principio de oportunidad y que, según indicó, tendría un interés en el caso, ya que evitó reparar en su totalidad a la Gobernación del Atlántico. “Esa persona solo pagó $40 millones de los $110 millones, lo que evidencia un beneficio directo”, agregó Carranza, quien también aseguró que no hay pruebas de interacción entre Petro Burgos y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), entidad señalada en la presunta desviación de recursos públicos.
A Nicolás Petro se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, en relación con un supuesto entramado de corrupción mediante el cual recursos destinados a programas para adultos mayores habrían sido desviados.
En esta diligencia, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario en Barranquilla. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación se apartó de esa solicitud al considerar que el exdiputado no representa un peligro para la comunidad, no existe riesgo de obstrucción a la justicia ni posibilidad de evasión del proceso.
Este es el segundo proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro Burgos. El primero, actualmente en etapa preparatoria de juicio, está relacionado con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por dineros que, según la investigación, habría recibido durante la campaña presidencial de su padre, el presidente Gustavo Petro.
