El resultado fue presentado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ante sus homólogos que se reúnen en Ciudad de Panamá. En su intervención resaltó la importancia de contar con la extinción de dominio como un mecanismo efectivo para debilitar al narcotráfico y la criminalidad organizada.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa participó en el ‘Encuentro Regional sobre Tendencias – Tráfico de Drogas durante la Pandemia por Covid 19’, en el que intervinieron representantes de otras fiscalías y ministerios públicos de Centroamérica y Suramérica, y compartieron experiencias en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
En Ciudad de Panamá, el Fiscal General indicó que los procesos investigativos liderados por la entidad y la articulación de capacidades con la fuerza pública han permitido incautar 360 toneladas de clorhidrato de cocaína y marihuana en 2021, una cifra superior a las 337 toneladas aprehendidas en los 12 meses de 2020.
Asimismo, 4.900 personas han sido capturadas y 350 estructuras de micro y narcotráfico desarticuladas, gracias a la puesta en marcha de una estrategia integral para atacar todos los eslabones de la cadena ilegal de producción, distribución y transporte de narcóticos, que aplica para las redes locales y la organizaciones trasnacionales.
“Yo no creo, sinceramente, que existan distinciones entre el microtráfico y el narcotráfico en nuestras ciudades. Son estructuras simple y llanamente que se están diversificando. Así como los países diversifican su acción exportadora, los criminales diversifican su mercado y, en ese orden de ideas, lo que existe es que dejan na parte para el consumo interno y otra para la exportación”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.
Durante la intervención también hizo énfasis en las bondades de la extinción de dominio, un mecanismo que le ha permitido a la justicia colombiana debilitar las estructuras delictivas de cualquier nivel y afectar su patrimonio. Aquí hizo una invitación a las autoridades panameñas para que se definan acciones conjuntas que permitan perseguir los activos e inversiones ilícitas de la criminalidad.
“Colombia no hubiese podido enfrentar como ha enfrentado el narcotráfico y como ha enfrentado la criminalidad sin ese instrumento que implica, además, un trasfondo trasnacional de cooperación. Si Panamá tiene esta ley de extinción de dominio, el trabajo con Colombia será mucho más fácil y mucho más articulado”, precisó el Fiscal General.
Entre 2020 y 2021, la Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a cerca de 3.000 bienes, cuyo valor supera los 4.000 millones de dólares.
Inmuebles, sociedades, vehículos, acciones, semovientes, minerales y otro tipos de elementos han quedado a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ante la imposibilidad de la delincuencia y la criminalidad de justificar su origen.
El Fiscal General explicó que este resultado ha sido posible gracias a la puesta en marcha de la estrategia ‘Argenta’, pensada exclusivamente en identificar, perseguir y afectar el patrimonio y los activos de todas las actividades ilegales detectadas en el país, entiéndase tráfico de drogas, delitos contra la seguridad ciudadana y los recursos naturales, entramados de corrupción, y conductas de tipo fiscal, entre otras.
El encuentro regional que se realizó en Ciudad de Panamá fue presidido por el Procurador General de la Nación encargado de Panamá, Javier Caraballo Salazar; y contó con la participación presencial y virtual de fiscales y representantes de ministerios públicos de Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil.
