Fraude procesal y falsedad en documento privado son los delitos imputados por el ente acusador
Inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, se declararon Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde y así no aceptaron los cargos por delitos de fraude procesal y falsedad en documento dentro del proceso que se adelanta por las irregularidades en la licitación y ejecución del contrato firmado con el MinTIC por 1,3 billones de pesos.
Tras la pregunta del juez 53 de control de garantías, Tapia (contratista), Duque (representante de la Unión Temporal Centros Poblados y Laverde (directivo de Rave Agencia de Seguros) no aceptaron su vinculación con los hechos materia de investigación.
El fiscal 73 de la Unidad Anticorrupción, señaló que “existe evidencia probatoria suficiente para inferir que los tres capturados tuvieron una activa participación en el plan para manipular la licitación y recibir el billonario contrato que tenía como finalidad llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales“.
De esta manera y a pesar de no contar con el requisito de experiencia exigido por la licitación, la Unión Temporal -conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S- se atrevieron a presentar su propuesta a la licitación pública para lo cual aportaron como refuerzo, unos documentos del Banco Itaú para blindarse de cualquier contrariedad.
La Unión Temporal que le fue adjudicada la billonaria licitación, recibiendo un anticipo de $70 mil millones de pesos para comprar equipos, es la misma que tiempo después se le comprobó que el contrato tenía muchas fallas en su ejecución.
La investigación reveló que el dinero habría sido desviado y terminó en un paraíso fiscal en los Estados Unidos.
Las pruebas arrojaron que los soportes de los bancos y aseguradoras habían sido falsificados por los representantes de esta Unión Temporal que pusieron en marcha un plan criminal con el fin de recibir el contrato.
“Dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez (quien no se encuentra en la audiencia), falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú“, precisó la fiscal delegada durante la imputación.
Con estos documentos falsos indujeron en un error a Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC y Adriana Vanesa Mesa Consuegra, secretaria general, en el marco de ese proceso de licitación pública. El cerebro detrás de este plan fue Emilio Tapia -protagonista también del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá- quien se concertó con Laverde para contactar a Jorge Alfredo Molina García Mayorga para la expedición de la garantía de seriedad de la oferta falsa.
Estos documentos fueron cargados a la plataforma de contratación Secom por parte de Alfredo Jesús Amín. “Ustedes falsificaron la garantía bancaria que amparaba el buen manejo del anticipo por $70.000 millones; igualmente falsificaron la garantía bancaria que amparaba el cumplimiento general del contrato por $65.000 millones, e igualmente falsificaron la garantía bancaria que amparaba el pago de salarios y prestaciones sociales”.
“Todos ustedes tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”, detalló la fiscal.
Para la delegada del ente investigador los tres capturados “tenían el pleno conocimiento” que estaban “participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”.
En la tarde de este martes el juez legalizó la captura de los tres representantes de la Unión Temporal Centros Poblados.
