Los comerciantes del municipio de Sabanagrande al oriente del departamento del Atlántico estan sitiados por la delincuencia que desde hace varias semanas han arreciado su accionar criminal a través de intimidantes llamadas a sus líneas celulares, donde aseguran ser parte del Clan del Golfo y que para desarrollar su actividad en defensa de la seguridad de las personas de bien, necesitan una “contribución” para su organización.
Noticias BQ tuvo acceso al desesperado testimonio de varios tenderos, propietarios de cacharrerías, dueños de pequeñas fincas y hasta administradores de estas propiedades rurales, quienes coinciden en señalar que la situación se está saliendo de control.
“A mi me llamaron a mi celular unos sujetos que decían que necesitaban nuestro apoyo económico para la adquisición de uniformes camuflados, botas y material de campaña necesarios para supuestamente defendernos de un plan de extorsiones que iniciarían ciertas bandas criminales en contra del comercio organizado de esta zona del departamento”, manifestó uno de los comerciantes abordados por estos delincuentes, quien además sostiene que le pidieron 3 millones de pesos de aporte.
El panorama es tan confuso, que varios tenderos estan dispuestos a cerrar o vender sus establecimientos debido al temor a que estos delincuentes lleguen atentar contra ellos, sus familias o las personas que le colaboran en sus negocios, como retaliación a las continuas negativas a ceder ante las extorsiones.
“El negocio en medio de esta situación difícil apenas nos está dando lo necesario para comer, pagar los servicios públicos y sobrevivir”, señala un tendero de la zona que dice que 15 años de trabajo duro se podrían ir por la borda.
“Desde que comenzó la pandemia las ventas han caído en un 60 por ciento, la gente no tiene dinero para comprar y los pocos clientes que conservamos adquieren sus productos a través del crédito, sin embargo, la cartera ha aumentado y ya los negocios dejaron de ser rentables, estamos trabajando prácticamente a la perdida”, señala otro pequeñocomerciante, quien además confiesa que nunca antes había sentido el miedo que hoy lo agobia.
Y es que las llamadas a comerciantes y pequeños propietarios de predios rurales dedicados al sector agropecuario, son verdaderamente intimidantes. Un profesional del derecho, quien además posee una finca en la zona, manifiesta que recibió la llamada telefónica donde un sujeto le mencionó su nombre completo, el nombre de su esposa e hijos, los colegios y universidades donde estos adelantan sus estudios, así como la placa del vehículo en el cual se moviliza y hasta la dirección de su casa en Barranquilla.
“Yo creo que estas no son llamadas al azar ni son estructuras delincuenciales sin experiencia, pues se nota claramente un trabajo previo de inteligencia y recolección de datos, probablemente en complicidad con gente residente en las fincas de la zona”, advierte el hombre, quien decidió no regresar a su propiedad ante el nivel de intimidación y los detalles, nombres, fechas y datos que tienen en su poder los delincuentes.
Estas personas aseguran con profunda preocupación que toda esta situación ha ido en crecimiento a raíz del precario pie de fuerza con el que cuenta el municipio de Sabanagrande, el cual tiene una población de 32 mil personas, aproximadamente. “Aquí hay un muy pobre número de patrulleros de la Policía, a los cuales les toca cubrir las áreas rurales y urbanas, con el agravante que si algún hecho llega a ocurrir, la Policía tendría que concentrarse en ese punto y el poco pie de fuerza con el que contamos dejará descubierto al resto del municipio”.
Señalan que la situación ha empeorado a raíz del aumento del microtrafico en los barrios de Sabanagrande, pues se ha incrementando la inseguridad en los barrios y es común que a la gente la atraquen y les roben sus pertenencias–
Ante esta situación, un importante número de comerciantes y propietarios de pequeñas fincas han decidido acudir al Gaula del Ejército Nacional para denunciar el hecho, al tiempo que le solicitan a la Secretaría del Interior del Atlántico reforzar las estrategias y planes operativos para evitar que toda esta situación desemboque en una tragedia.
“La semana pasada estos delincuentes llamaron al propietario de una fina de la zona, exigiéndole el pago de 6 millones de pesos, cuando el señor a duras penas tiene 6 vacas por las que ni siquiera le llegarían a pagar esa suma. Es decir, tendríamos que vender todo para poderle pagar la extorsión a estos bandidos”, cuenta otro de los afectados.
Las cosas han llegado a tal extremo, que ni siquiera se salvan de la presión los administradores de las fincas, quienes también han recibido llamadas a pesar de ser personas que solo devengan un salario mínimo y generalmente tienen varios hijos y una mujer a los que mantener. A ellos también les estan exigiendo dinero.
Toda esta situación ha obligado a los propietarios de las fincas a no volver por esos predios rurales, ante el temor que los delincuentes terminen haciéndole daño a alguien para enviarle una especie de siniestro mensaje a quienes no cedan ante las llamadas intimidantes. “Yo no contesto en mi celular números desconocidos y hasta he pensado en cambiar el número de la línea, esta situación es agobiante, desesperante. Uno no entiende porqué terminan persiguiendo a personas que lo único que hacemos es ganarnos el dinero de manera honrada y de paso generar algunos puestos de trabajo”, relata otro de los afectados, quien desde que se inició la pandemia maneja su finca desde Barranquilla, por temor a que si llega a la propiedad rural, puedan atentar contra su vida.
En medio de la desesperación, los comerciantes urbanos y los pequeños propietarios de áreas rurales, hicieron un llamado a las autoridades del orden municipal y departamental, así como a los cuerpos de seguridad del Estado para que le presten atención a estas denuncias y eviten de paso lo que en cualquier momento podría desencadenar en una tragedia, ya que el tono de los delincuentes ha ido subiendo en la medida que no han encontrado una respuesta positiva a sus pretensiones.
Señalan que este fenómeno debe abordarse en esta etapa y no esperar que avance rápidamente y deje hechos que lamentar. “Nosotros creemos que estamos a tiempo de salvar vidas, de no cerrar nuestros negocios, pero sin la intervención de las autoridades, seguramente esta situación va a empeorar y tendremos que despedir trabajadores, mal vender o abandonar nuestras propiedades y entonces además del problema de inseguridad, terminará desatándose una situación social con gente sin ingresos y pasando necesidades económicas”, enfatiza otro de los afectados.
