La decisión del Gobierno Nacional de congelar más de 636 mil millones de pesos correspondientes a vigencias futuras del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique encendió las alarmas en el sur del Atlántico y el norte de Bolívar, donde 19 municipios quedarían en alto riesgo de inundación, afectando a más de 1.500.000 personas, además de graves impactos ambientales.
Líderes sociales de la región advierten que la suspensión de esta megaobra revive el temor de una tragedia similar a la ocurrida el 30 de noviembre de 2010, cuando el rompimiento del terraplén del Canal del Dique dejó extensas zonas inundadas, con pérdidas humanas, económicas y sociales que aún no han sido superadas.
Uriel Ávila, líder social del sur del Atlántico, aseguró que la paralización del proyecto representa un retroceso histórico para comunidades que durante años han luchado por su ejecución mediante tutelas, paros fluviales y manifestaciones ciudadanas. “La no realización de esta obra solo traerá perjuicios ambientales y económicos. Somos nosotros los que vivimos aquí quienes asumimos las consecuencias, no quienes toman las decisiones desde lejos”, afirmó.
Ávila recalcó que el megaproyecto no solo busca prevenir inundaciones, sino también regular el agua en épocas de sequía, proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de campesinos y pescadores. Además, recordó que su ejecución generaría empleo para más de 30 mil personas, cifra que hoy se ha reducido a cerca de 1.000 debido a la paralización.
Finalmente, el líder social hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la decisión y actúe con responsabilidad social y ambiental. “Este presupuesto no es un favor. Es el resultado de años de lucha de comunidades que solo piden vivir sin el miedo permanente a perderlo todo bajo el agua”, concluyó.
