El abogado Julian Ortega Rebollo, denunció que la Secretaría de Tránsito de Barranquilla y el Instituto de Tránsito del Atlántico estarían prevaricando, al desatender de manera flagrante el fallo de la Corte Constitucional, que establece que las cámaras de detección electrónica para sancionar a los conductores que infrinjan las normas de tránsito, deben establecer la identidad del conductor del vehículo, acabando de paso con la solidaridad pasiva que hasta ese momento asumía el propietario del automotor.
Y es que a partir del mes de febrero de este año, según lo dispuesto en la sentencia del alto tribunal, solo se podrá sancionar a la persona que conducía el vehículo al momento de cometer la infracción y la carga de la prueba deja de ser responsabilidad del propietario del mismo, pasando a ser un asunto que deben resolver las autoridades y/o los concesionarios de las fotomultas, a través de equipos especializados que logren dejar clara la identidad del conductor.
“Los aspectos mas importantes contemplados dentro del fallo de la Corte, dejan de manera clara varios aspectos: 1. Que las cámaras deben individualizar o identificar plenamente al infractor. 2. También la Corte Constitucional con esa decisión ordenó que son los organismos de tránsito los que tienen “la carga de comprobar quién cometió la infracción” CARGA DE LA PRUEBA. 3. La Corte tumbó la solidaridad pasiva en la infracción, es decir, no se le puede cobrar el comparendo al propietario sin probar que fue él quien cometió la infracción. Las cámaras instaladas en Barranquilla y el Dpto del Atlántico técnicamente no cumplen con esos requisitos, pero muy a pesar de todo ambos organismos de transito están enviando comparendos por fotomultas a los propietarios de los vehículos contrariando lo establecido por la corte y cometiendo un prevaricato” asegura el profesional del derecho.
Señala Ortega que Bogotá, por ejemplo, a raíz de ese fallo de la Corte, las fotomultas están suspendidas. “Esto no es una apología al delito, sino que estamos en estado de derecho y las normas son para cumplirlas”.
El abogado ya presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Transporte, para que el organismo le aclare si la Secretaría de Tránsito de Barranquilla está autorizada para seguir enviando ordenes de comparendo por fotomultas, pese a lo dispuesto por la Corte Constitucional, y de estar autorizada cuál es el fundamento técnico y legal para tal facultades.
En el documento radicado ante el Ministerio de Transporte, Ortega pregunta que si ya Barranquilla cuenta con las cámaras con la capacidad técnica para identificar claramente al conductor infractor, ¿a través de qué acto administrativo fueron homologadas? señalando además que de encontrar situaciones irregulares en estos procedimientos, denunciará disciplinaria y penalmente a los funcionarios responsables de las entidades y solicitará el reembolso de los dineros que han pagado desde el mes de febrero los supuestos conductores infractores, por el cobro irregular de las fotomultas, sin llenar los requisitos técnicos establecidos en el fallo de la Corte Constitucional.
“Está claro que lo que sucede en Barranquilla y en carreteras del Atlántico, constituye una clara violación a una sentencia de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios, ya que les siguen enviando a sus casas las ordenes de comparendo a los propietarios de los vehículos, sin importar quienes lo iban conduciendo, lo que va en contra de lo dispuesto en la sentencia, lo cual en la práctica es un claro atropello a los ciudadanos y una conducta que debe ser sancionada por los entes de control”, señala Julian Ortega.
