Una decisión judicial ha puesto en pausa un millonario cobro que generó revuelo en la región Caribe. El Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene un plazo máximo de tres meses para salir a explicar —de manera clara, técnica y pública— el porqué del cobro de valorización por las obras en la vía Barranquilla-Cartagena-Circunvalar de la Prosperidad.
La orden vino del Tribunal Administrativo del Atlántico, que acogió una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático. Con ella, se busca proteger los derechos colectivos de las comunidades potencialmente afectadas. El Tribunal también suspendió temporalmente el cobro hasta que haya claridad suficiente y participación ciudadana real.
Audiencias obligatorias y abiertas
Invías deberá organizar audiencias públicas en Barranquilla, Cartagena, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa, Tubará y Santa Catalina, todos municipios en el área de influencia directa del proyecto. A estas audiencias deben ser convocadas no solo las autoridades locales, sino también gremios, organizaciones sociales y ciudadanos comunes. La meta es una: explicar cómo y por qué se definieron los cobros.
En esas sesiones, la entidad tendrá que desmenuzar los criterios técnicos que sustentan la valorización: estudios socioeconómicos, fórmula de cálculo de beneficios, capacidad de pago de los contribuyentes, zonas beneficiadas y montos proyectados. Toda esta información deberá estar disponible tanto en medios impresos como digitales, accesible para cualquier interesado.
Un proceso por etapas
Primero, Invías tiene hasta dos meses para convocar las audiencias. Luego, vendrán dos meses más para que los ciudadanos puedan presentar observaciones, réplicas y alegaciones frente a lo expuesto. Finalmente, la entidad contará con otros dos meses para recopilar todo lo recibido, evaluarlo y entregar un informe definitivo.
En otras palabras, aún si todo se ejecuta en los tiempos establecidos, el cobro de valorización no podría retomarse este año. La suspensión seguirá vigente hasta que exista una decisión de fondo.
La controversia: más allá del cobro
Detrás del ruido por el tributo hay una molestia ciudadana latente. Aunque el Gobierno asegura que los estratos 1, 2 y 3 no serán afectados, la crítica se ha centrado en el estado de la vía, donde el 65% del trazado aún no cuenta con doble calzada. A esto se suma el hecho de que, aunque hay cerca de 248 mil predios en el área de influencia, solo 100 mil estarían exentos del pago.
El objetivo del cobro es recaudar $1.2 billones, una cifra significativa en el contexto fiscal actual. Sin embargo, la resistencia en Atlántico y Bolívar ha sido fuerte, tanto que hay otra demanda en curso ante el Consejo de Estado. La Procuraduría, por su parte, también se pronunció a favor de la suspensión.
¿Cobrar o concertar?
El fallo del Tribunal marca un punto de inflexión: por primera vez, la socialización no será solo un formalismo, sino una obligación legal con seguimiento, tiempos y consecuencias. Invías tiene ahora la responsabilidad no solo de informar, sino de convencer.
Y si no logra hacerlo, el cobro podría quedar enterrado por la misma vía por la que quiso imponerse.
