La muerte de una mujer durante un procedimiento estético en Barranquilla ha provocado una fuerte reacción de las autoridades sanitarias. Desde 2024, la Secretaría Distrital de Salud ha ordenado el cierre de 13 establecimientos que realizaban procedimientos invasivos sin cumplir los requisitos legales ni las condiciones mínimas de seguridad para los pacientes.
El caso que volvió a poner el tema en el centro del debate fue el fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, ocurrido el pasado 22 de julio mientras se sometía a una lipoescultura. Días después, el 25 de julio, la Alcaldía de Barranquilla ordenó el cierre temporal preventivo del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica Diamanti, donde se practicaba el procedimiento.
Tras este hecho, el Distrito informó que en la ciudad existen actualmente 52 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas para ofrecer servicios de cirugía plástica y estética. Sin embargo, las labores de inspección han permitido detectar múltiples establecimientos que operaban al margen de la normatividad.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, durante las visitas de inspección se comprobó que varios procedimientos quirúrgicos se realizaban en espacios no autorizados para este tipo de intervenciones y que los establecimientos no contaban con la habilitación obligatoria en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Además de los cierres preventivos, transitorios y definitivos, la autoridad sanitaria ha realizado 102 visitas de inspección a profesionales independientes e IPS que ofrecen servicios quirúrgicos, con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y garantizar la seguridad de los pacientes.
Las autoridades recordaron que cualquier procedimiento invasivo, incluso aquellos considerados de baja o mediana complejidad, debe efectuarse únicamente en instituciones habilitadas, con quirófanos adecuados, condiciones de bioseguridad, personal médico calificado y protocolos que permitan responder de manera inmediata ante cualquier complicación.
Entre los requisitos exigidos por la normativa nacional se encuentran la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), la habilitación del servicio de cirugía conforme a la Resolución 3100 de 2019, infraestructura adecuada, equipos biomédicos certificados, medicamentos e insumos disponibles, procesos de esterilización, protocolos de seguridad del paciente, historias clínicas completas y una red de apoyo asistencial para atender eventuales emergencias.
La Secretaría Distrital de Salud también reiteró que continuará adelantando visitas programadas y operativos derivados de denuncias ciudadanas, además del seguimiento a eventos adversos y procesos sancionatorios contra quienes incumplan la normatividad vigente.
Las cifras generan preocupación. En los últimos 15 meses, cuatro mujeres han perdido la vida en Barranquilla durante procedimientos estéticos o como consecuencia de complicaciones posteriores. Dos de los casos ocurrieron tras intervenciones practicadas en viviendas, uno en un consultorio particular y el más reciente en una clínica boutique.
Frente a este panorama, la Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para verificar siempre que la institución donde se realizará el procedimiento esté habilitada en el REPS, comprobar que el especialista cuente con registro en el ReTHUS, desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos y evitar someterse a cirugías en viviendas, peluquerías, centros de belleza o establecimientos que no cuenten con autorización sanitaria.
La administración distrital insistió en que estas medidas buscan proteger la vida de los pacientes, prevenir nuevas tragedias y combatir el funcionamiento de establecimientos clandestinos que ponen en riesgo la salud de quienes buscan procedimientos estéticos.
