La empresa Air-e ha enviado una carta a la comercializadora de energía Ruitoque SAS ESP solicitando un compás de espera para abordar la deuda que enfrentan, mientras buscan la aceptación de un Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES) ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el objetivo de evitar un posible ‘apagón financiero’.
El PRES es una herramienta destinada a permitir a las empresas afectadas por las circunstancias que condujeron a la declaración de emergencia económica y social debido al Covid-19, restablecer las condiciones financieras para asegurar la continuidad de sus operaciones.
La administración de Air-e S.A.S. E.S.P. ha destacado la importancia de esta solicitud para proteger transitoriamente sus operaciones mientras se implementan las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. La compañía ha presentado formalmente su solicitud de PRES ante la Cámara de Comercio de Barranquilla el pasado viernes.
Esta solicitud es crucial ya que, de no ser aceptada, Air-e podría quedar en una situación de terminación de contratos bilaterales de suministro de energía, lo que dejaría a los usuarios finales expuestos al precio de bolsa de energía en un 100%.
Esto podría significar un aumento significativo en las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena, lo que tendría un impacto considerable en la economía de estos departamentos.
Air-e ha señalado que la negativa a permitir un acuerdo de pago bajo los términos de las regulaciones vigentes podría tener implicaciones legales graves, incluyendo vulneraciones de bienes jurídicos colectivos y derechos individuales.
La empresa enfatiza que la seguridad energética está en riesgo y que la negación de un acuerdo de pago sería contrario al imperio normativo. Además, Air-e insta a la comercializadora a considerar la realidad evidente y sensible en la prestación del servicio de energía y a evitar adelantar procesos de limitación de suministros.
La situación actual requiere una respuesta cuidadosa y colaborativa para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y proteger los intereses de los usuarios en la región.
