En un análisis de la calidad de la educación pública en el Caribe, realizado por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de Uninorte, mostró que el 63 % de los colegios oficiales de esta zona del país presentan un nivel de desempeño más bajo (D) en el 2023.
Esta cifra se desprende de la clasificación del Icfes con base en los resultados de las pruebas Saber 11.
Dentro de la investigación, en donde se incluyeron 1.717 colegios públicos de las 22 entidades certificadas de la región, solo el 4 % clasificó en categorías de rendimiento superior (A+ o A), el 9 % alcanzó un nivel alto (B) y el 23 % restante obtuvo un nivel intermedio (C).
Señala, además, que cerca de una tercera parte de los establecimientos oficiales de Sincelejo están en los niveles más altos de desempeño, mientras que, en los municipios no certificados, estas instituciones solo representan un 9 %.
Por su parte, los departamento Bolívar, La Guajira y Magdalena sobresalen por la alta proporción de escuelas oficiales en el nivel D. Situación que se evidencia en las capitales: Cartagena (61 %), Riohacha (52 %) y Santa Marta (51 %), y se agrava en municipios como Magangué (65 %), Uribia (96 %) y Ciénaga (83 %).
Por su parte, de acuerdo con el informe, en los municipios no certificados de estos departamentos, la proporción de escuelas públicas de bajo desempeño en Saber 11 también es elevada, siendo el indicador del 86 % en Bolívar y Magdalena, y del 81 % en La Guajira.
“Es indiscutible que Cartagena, Santa Marta y Riohacha emergen como puntos neurálgicos en la hoja de ruta para la mejora educativa de la región. Estas ciudades, al albergar una concentración significativa de escuelas oficiales de categoría D, demandan una atención especializada y focalizada. La inversión en el desarrollo de capacidades de directivos y docentes, así como el apoyo individualizado a los estudiantes, se erige como una estrategia clave para transformar el panorama educativo en estas localidades”, explicó Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación.
Sostuvo que es imperativo, para las administraciones locales que inician su gestión, que las acciones propuestas en sus planes de desarrollo estén respaldadas por evidencias sólidas sobre su eficacia, garantizando así resultados tangibles y sostenibles.
