La entidad solicitó información a las secretarías de Gobierno y de Salud Distrital de Barranquilla, y al Cuerpo Oficial de Bomberos, acerca de los equipos de protección personal, mantenimiento de equipos y certificados de manejo de materiales peligrosos de los bomberos.
La Procuraduría General de la Nación requirió a las secretarías de Gobierno y de Salud Distrital de Barranquilla certificar información del Cuerpo Oficial de Bomberos de esta municipalidad para verificar el cumplimiento de la normatividad en la atención del incendio reportado hoy por la compañía Bravo Petroleum, dedicada al almacenamiento y transporte fluvial de combustible.
En las cartas enviadas con mensaje de urgencia a estas entidades y, a la misma Unidad Administrativa Especial (UAE), el ente de control solicitó el envío de información acerca de los equipos de protección personal, mantenimiento de equipos y certificados de manejo de materiales peligrosos de los bomberos, teniendo en cuenta el deceso de un miembro del organismo de rescate que falleció mientras atendía la emergencia.
Estas secretarías deberán documentar si los miembros de esta UAE tienen máscaras de respiración certificadas, seguros de vida y equipo de respiración con auto contenido, indicando cuál fue la fecha de la primera recarga certificada.
Asimismo, deberán responder si disponen de grupos especializados para el manejo de incendios originados por químicos e hidrocarburos, si han llevado a cabo el plan de mantenimiento de equipos, y cuáles han sido las capacitaciones que se les ha impartido en los últimos dos años, al personal que cumple funciones públicas.
Finalmente cuestionó a los destinatarios de las misivas sobre las medidas que tomarán para la garantizar la seguridad ciudadana frente al impacto generado tras el incendio de un tanque de almacenamiento de combustible de la citada empresa, con sede en el norte de la capital del Atlántico, durante los días que se extienda la conflagración.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Barranquilla busca proteger los derechos a la salud y a un ambiente sano, entre otros, de la población que habita en la zona donde ocurrió la tragedia, sin que ello implique coadministración ni injerencia en las decisiones de los particulares que ejercen funciones públicas.
