En carta a los presidentes del Congreso y las altas cortes, el mandatario propone abrir un debate que considere, en principio, la eliminación de la prisión domiciliaria para delitos violentos, la construcción de cárceles de menor costo y la eliminación del INPEC, entre otros.

Sobre la base de que “el sistema está colapsado y es inviable en su estado actual”, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins propuso una reforma a fondo de la justicia, que sea implacable con los factores que están generando la inseguridad en las ciudades y la zona rural.

En carta a los presidentes de Senado, Cámara de Representantes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, el mandatario dejó las primeras seis propuestas para un debate que, según dijo, debe ser el más importante en la hora actual del país.

De acuerdo con el alcalde, en la actualidad “no contamos con suficientes jueces penales, fiscales e investigadores para imputar, condenar y encarcelar a los delincuentes”. De hecho, un juez penal en Barranquilla llega a acumular en su despacho hasta 600 casos simultáneamente.

Adicionalmente,  “la ley, la jurisprudencia y los procesos internos no parecen facilitar la tarea a la Policía ni a los fiscales, y mientras brindan todas las garantías a los delincuentes estarían negándoselas a las víctimas”.

Por lo demás, “no priorizamos los delitos para que el precario sistema judicial pueda darle más importancia y celeridad a los cometidos con armas de fuego sobre aquellos que no”. Y con un hacinamiento superior al 25 % “la estructura carcelaria y penitenciaria es también insuficiente para cubrir la demanda de cupos”.

Elevando el sentir colectivo de los barranquilleros y colombianos que “quieren caminar por las calles en paz”, “sentir que pueden hablar por celular sin que alguien de manera violenta se los robe” y que “quieren abrir un negocio sin que sean extorsionados”, Pumarejo urgió adoptar la bandera la justicia y la seguridad como la máxima prioridad de las instituciones.

En tal sentido propuso:

1. Implementar un proceso judicial prioritario y expedito para quien porte armas de fuego de manera ilegal o cometa un crimen violento con ellas.

2. Eliminar la alternativa de casa por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y remitirlos a una cárcel para detención preventiva mientras esperan su juicio.

3. Construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y reduzcan los costos de manutención del Estado.

4. Revisar los presupuestos de la Rama Judicial y de la Fiscalía para que existan suficientes fiscales, investigadores y jueces penales que garanticen una justicia expedita y sin colapsos. Pero este mayor presupuesto debe ser acompañado de mejores herramientas de seguimiento y una simplificación de los procesos burocráticos.

5. Reformar o liquidar el INPEC y, en este caso, que la Policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios.

6. Aumentar la inversión en modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en materia de inteligencia.

El mandatario distrital recordó que los alcaldes de ciudades capitales, como voceros de los ciudadanos, llevan tiempo solicitando drásticas reformas en el manejo de la seguridad en Colombia. “Nuestro objetivo es que el Estado sea, por fin, implacable con los bandidos. Desde la seguridad y la posibilidad de vivir en paz es que podemos desprender nuestros sueños y hacer valer los demás derechos que tenemos. Libertad y orden, eso requerimos”, señaló.

Situación nacional de seguridad

Los delitos que más preocupan a los colombianos son de tipología violenta, es decir, aquellos que ocurren con arma de fuego, como atraco, extorsión, hurto a viviendas o vehículos. Adicionalmente, cuando las autoridades atrapan a los delincuentes encuentran que muchos presentan diversas anotaciones judiciales, lo que muestra que previamente ya han sido capturados y reseñados por cometer otros delitos, pero nunca fueron condenados o imputados.

Lo anterior se suma a que muchos presos peligrosos cumplen sus penas en casa por cárcel y el INPEC no tiene la capacidad para vigilarlos, lo que les facilita seguir delinquiendo desde casa, incluso desde los mismos centros carcelarios por la falta de control y vigilancia.

A noviembre de 2023, había en Colombia 68.058 personas en prisión domiciliaria, de las cuales apenas 6.395 portaban brazaletes electrónicos. El resto, es decir, el 91 %, son vigilados por el INPEC mediante visitas aleatorias en los domicilios o reconocimiento de voz a través de llamadas telefónicas.

El mayor número de presos con casa por cárcel se encuentra en los departamentos del Caribe colombiano (25.731, de los cuales, 2.022 tenían vigilancia electrónica), seguido de la región central con 14.968, 2.390 de ellos con brazaletes. En el Atlántico hay 6.533 personas con detención domiciliaria.

El otro fenómeno común es que las cárceles están llenas de presos no violentos condenados o en detención domiciliaria, mientras los más peligrosos terminan enfrentando sus juicios en libertad.

Actualmente, el top de los delitos con detención domiciliaria es: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un 18.1 %, hurto con un 16,5 %, fabricación, porte o fabricación de armas de fuego con un 13,2 %, concierto para delinquir con 9,9 % y homicidio con un 8,2 %.

Hoy, el hacinamiento en las cárceles de Colombia es del orden del 25.01 %, lo que equivale a una sobrepoblación de 20.554 presos. Sumado a que el costo de la alimentación por persona en las cárceles del país asciende a 900.000 pesos, lo cual quiere decir que mensualmente el Estado gasta por este concepto un poco más de 92.000 millones de pesos.