Además de la condena de 9 años y 9 meses de prisión, el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fue sancionado con una multa superior a los $2.000 millones y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena, tras ser hallado responsable de irregularidades en un contrato para la modernización de la red de salud de la capital del Magdalena.
De acuerdo con la decisión judicial, Caicedo fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. La multa impuesta equivale a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014, cifra que supera los 2.000 millones de pesos.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que, en su calidad de presidente de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend, Caicedo intervino en la estructuración de un contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 por 6.532 millones de pesos para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
Según el ente acusador, el proyecto fue impulsado pese a que no contaba con estudios previos, licencias de demolición, conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud ni estaba incluido en el plan anual de adquisiciones de la entidad. Además, las licencias fueron expedidas tres años después del inicio de las obras.
La Fiscalía aseguró que estas irregularidades provocaron la suspensión de los servicios en varios centros de salud, obligando a trasladar la atención a inmuebles arrendados y sedes comunales. También indicó que las obras quedaron inconclusas tras la liquidación del contrato en 2016 y que el centro de salud de Mamatoco aún no ha sido terminado.
Las pruebas presentadas en el proceso, según la Fiscalía, permitieron establecer un detrimento patrimonial superior a los 5.040 millones de pesos. Aunque al contratista se le desembolsaron 4.408 millones de pesos, el valor de las obras ejecutadas fue estimado en aproximadamente 1.570 millones de pesos.
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La sentencia es de primera instancia, por lo que contra la decisión proceden los recursos establecidos en la ley.
