El Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos aprobó una partida presupuestal de 487 millones de dólares para Colombia durante el año fiscal 2024, el cual iniciará en octubre del presente año.
Esta partida es casi calcada a la que el Congreso autorizó para el 2023 y superando en 20 millones la que fue solicitada por el presidente estadounidense Joe Biden a principio de año.
Esta decisión dio también como resultado un eventual choque entre el Senado y la Cámara de Representantes. Los republicanos en la Cámara optaron por diferir la ayuda debido a las sensaciones que les genera el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“De los fondos asignados por esta Ley bajo los títulos III y IV, 487,375,000 millones de dólares deben estar disponibles para asistencia a Colombia“, dice el proyecto.
Esta iniciativa aprobada por el Senado establece que, por lo menos, 40 millones de dólares serán invertidos en seguridad regional en municipios con grandes niveles de actividades al margen de la ley, donde igualmente se dará prioridad a programas de desarrollo económico.
No obstante, como en casos anteriores de ayuda por parte de Estados Unidos, esta viene con condicionamientos.
Por un lado, la entrega de un 20 % de la ayuda destinada a combatir el narcotráfico dependerá de una certificación del secretario de Estado, la cual confirme que Colombia está comprometido en la lucha contra los estupefacientes.
“Un 20 % podrá ser entregado cuando el secretario de Estado certifique que el Gobierno de Colombia está implementando una estrategia eficaz de todo el gobierno para reducir de manera sustancial y sostenible los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia, incluidos programas y actividades que apoyan la erradicación de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo, la interdicción de drogas, el desmantelamiento del tráfico de drogas y la red de lavado de dinero”, se menciona en el proyecto.
Teniendo en cuenta la decisión del presidente Petro de no erradicar los cultivos de coca hechos por campesinos, estas condiciones podría ser difícil de cumplir.
La entrega de otro 5 % estará condicionada a que el país esté “llevando ante la justicia a los miembros de la policía que ordenaron, dirigieron y usaron fuerza excesiva y participaron en otros actos ilegales contra manifestantes en 2020 y 2021, y que la policía esté cooperando plenamente con tales esfuerzos”.
Otro 20 % destinado a los fondos dirigidos a las Fuerzas Militares estarán sujetos a una certificación en la que se haga constancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demás autoridades judiciales están condenando a los autores de violaciones a los derechos humanos (DD. HH.), en los que se incluyen a los que tienen responsabilidad de mando, a penas privativas de libertad.
De igual manera, este monto se entregará a medida que se estén logrando avances en la reducción de amenazas y ataques contra los defensores de DD. HH. y otros líderes sociales, a la vez que las autoridades judiciales procesen y castiguen a los responsables de ordenar y llevar a cabo tales ataques, entre otras cosas.
El texto del proyecto también deja claro que ninguno de los fondos apropiados podrá ser usados para el pago de reparaciones a las víctimas del conflicto o indemnizaciones a desmovilizados por el proceso de paz.
