El excanciller Álvaro Leyva Durán fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación y deberá enfrentar juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato en el proceso de licitación de pasaportes en 2023.
Según el ente acusador, el exfuncionario habría expedido varios actos administrativos contrarios a la ley, entre ellos la declaratoria desierta de la licitación pese a que, de acuerdo con el comité evaluador, la única propuesta —liderada por la empresa Thomas Greg & Sons— cumplía con los requisitos.
La investigación también cuestiona decisiones posteriores como la ratificación de dicha declaratoria y la urgencia manifiesta para contratar, medidas que, según la Fiscalía, no habrían tenido sustento legal suficiente.
Este proceso se suma a la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que inhabilitó a Leyva por 10 años.
El caso ha generado un fuerte impacto político, con la salida de varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y múltiples disputas jurídicas en torno a la contratación para la elaboración de pasaportes en el país.
Leyva no aceptó los cargos y será en juicio donde se defina su responsabilidad penal.
