El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó una ponencia que sacude el panorama político: los partidos que respaldaron la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 podrían recibir multas por más de $1.200 millones cada uno, tras hallarse presuntas violaciones a los topes de financiación y aportes indebidos.
La propuesta, liderada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (actual presidente del CNE) y Benjamín Ortiz, se debatirá en sala plena el próximo 11 de septiembre, y para que sea aprobada requiere seis de los nueve votos de los magistrados. En caso de empate, se sorteará un conjuez que defina la decisión.
¿Afecta directamente al presidente?
No. Prada aclaró que las sanciones no recaen sobre el presidente Gustavo Petro, ya que, según la Constitución, cualquier investigación sobre su rol como candidato debe ser tramitada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el expediente completo será remitido a dicha instancia una vez el CNE tome una decisión.
¿Y los partidos del Pacto Histórico?
Aunque se descarta la exclusión de las elecciones de 2026, los partidos de la coalición sí deberán afrontar las multas más altas permitidas por la ley electoral.
“La sanción es económica, no política. No hay ninguna medida que impida su participación en las próximas elecciones”, señaló Prada en entrevista con Caracol Radio.
Suspensiones y retrasos
Pese a que han transcurrido más de tres años desde la primera vuelta electoral, Prada explicó que los términos del proceso fueron suspendidos en varias ocasiones. Entre las causas: recusaciones contra magistrados y un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, que fue resuelto por el Consejo de Estado.
Lo que viene
Si se aprueba la ponencia, además de las multas, se enviarán copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones, lo que podría abrir una nueva etapa judicial. Mientras tanto, en el Congreso y en redes sociales, varios sectores del Pacto Histórico denuncian una “persecución política” que —aseguran— busca debilitar la coalición rumbo a 2026.
La decisión del CNE podría convertirse en un nuevo capítulo clave en la pugna electoral y jurídica que marca el camino hacia las presidenciales.
