La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para que los usuarios asuman, a través de la tarifa eléctrica, la deuda de Air-e ha desatado un fuerte debate nacional. El borrador de resolución plantea socializar un pasivo cercano a los $2,5 billones con el argumento de evitar un colapso en la cadena del sistema eléctrico, una medida que el Gobierno califica como temporal y necesaria para estabilizar el servicio.
Desde algunos gremios del sector energético respaldan la iniciativa, aunque reconocen que no es una salida ideal. Generadoras y asociaciones de ciudades capitales consideran que el ajuste sería relativamente bajo para los usuarios y permitiría aliviar la presión financiera que hoy enfrentan operadores clave del Caribe, una región que concentra una parte importante de la demanda nacional y que ha sufrido históricamente problemas de suministro.
Sin embargo, el rechazo también ha sido contundente. Comercializadores de energía y otros gremios advierten que el cobro trasladaría a los ciudadanos el costo de errores empresariales y decisiones estructurales fallidas. Además, cuestionan la legalidad de la medida y alertan sobre el mensaje que se envía al mercado: que, ante una crisis, es el usuario final quien termina pagando. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que evaluará los comentarios y que el objetivo es proteger el sistema y evitar una crisis mayor.
