El Gobierno de Colombia solicitó a Nicaragua revocar el asilo político concedido a Carlos Ramón González Merchán, exalto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro, sobre quien pesa una orden de captura por corrupción en el escándalo de la UNGRD.
Según un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, la decisión de Nicaragua no es compartida por Colombia, ya que González enfrenta procesos por cohecho, apropiación indebida de bienes del Estado y lavado de activos, y debe responder ante la justicia colombiana.
“Colombia solicita al Gobierno nicaragüense reconsiderar su decisión para revocar la protección internacional y que González pueda entregarse a la justicia, que le brindará todas las garantías procesales”, señalaron las autoridades.
González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, ocupó cargos clave en el Gobierno, como director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Su nombre apareció vinculado a millonarias coimas a congresistas, entre ellos los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
La Cancillería nicaragüense defendió la concesión del asilo argumentando que toda persona tiene derecho a protección en caso de persecución por delitos políticos o conexos, mientras Colombia afirma que la medida contradice el Tratado de Extradición de 1929.
El presidente Petro agregó que la decisión de Nicaragua también se relaciona con la historia de González, quien participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y fue incorporado al Ejército Popular Sandinista tras su paso por el M-19.
La solicitud de Colombia marca un nuevo capítulo en la disputa diplomática entre ambos países, mientras continúan las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción del Gobierno actual.
