La Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del denominado Clan del Golfo, medida que había sido solicitada por la Consejería de Paz en el marco de los acercamientos con esa estructura armada.
A través de un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal, el alto tribunal expresó su apoyo al criterio expuesto por la fiscal general mediante la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026, en la que se determinó abstenerse de aplicar medidas automáticas para frenar las capturas mientras no exista información suficiente sobre el avance del proceso de paz.
“La Corte Suprema respalda el criterio que la señora Fiscal General de la Nación expresó a través de la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026”, señaló el tribunal, al advertir que cualquier decisión relacionada con las Zonas de Ubicación Temporal debe estar sustentada en verificaciones claras sobre el cumplimiento de los requisitos legales.
La corporación judicial también enfatizó la necesidad de respetar los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial, al tiempo que anunció que permanecerá atenta al desarrollo de estos procesos “como Tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria”.
La controversia surgió luego de que el Gobierno nacional solicitara suspender las órdenes de captura de 29 miembros del grupo armado para facilitar su traslado, en junio próximo, a dos Zonas de Ubicación Temporal contempladas dentro de las conversaciones de paz adelantadas con esa organización.
Sin embargo, la Fiscalía respondió que aún se requiere mayor claridad sobre los alcances jurídicos de los acuerdos, así como información verificable sobre el estado real de las negociaciones y la situación judicial de varios de los integrantes incluidos en la solicitud.
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La entidad indicó que no ejecutará medidas generales, automáticas e inmediatas para suspender capturas hasta tanto no se acrediten plenamente las condiciones legales exigidas para este tipo de beneficios.
Las Zonas de Ubicación Temporal están previstas para comenzar a operar el 25 de junio de 2026, según los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el Clan del Golfo, organización también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia, en las conversaciones que se desarrollan desde septiembre del año pasado en Doha.
