La Defensoría del Pueblo advirtió este lunes sobre el “riesgo inminente” de confrontaciones entre estructuras armadas ilegales en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el Valle del Cauca, lo que aumenta la amenaza de desplazamientos masivos, confinamientos y graves afectaciones a comunidades campesinas, indígenas y urbanas.
Según el organismo, en la zona confluyen y disputan el control territorial el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC, y el grupo Rastrojos Nueva Generación. La disputa por corredores estratégicos como el Cañón de Garrapatas ha derivado en un patrón de violencia caracterizado por enfrentamientos armados, homicidios selectivos y uso de artefactos explosivos improvisados en áreas pobladas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó además que el EMC es señalado como responsable del atentado ocurrido en Cali el pasado jueves, que dejó siete víctimas mortales. “Este fue un ataque dirigido en contra de la población civil y un crimen de guerra”, aseguró durante una visita a los heridos en la capital vallecaucana.
La institución alertó que la escalada de violencia también podría afectar entornos educativos con posibles cierres de escuelas y riesgo de reclutamiento forzado de menores en áreas rurales.
Ante este panorama, la Defensoría instó al Gobierno a reforzar la presencia institucional en la región, fortalecer medidas de prevención y protección diferencial, y ampliar la capacidad de respuesta humanitaria. Asimismo, pidió a la Fiscalía priorizar investigaciones contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de explosivos en el suroccidente del país.
