Las Fuerzas Militares de Colombia deberán modificar su accionar con los grupos armados que se plegaron al cese al fuego propuesto por el Gobierno. El nuevo protocolo indica que deberán desistir de operaciones ofensivas y promover acciones «pedagógicas», aunque podrán actuar en defensa propia y tendrán que monitorear a los grupos.
El cese al fuego que el Gobierno de Colombia busca consolidar con varios grupos armados en Colombia como la Segunda Marquetalia, las Autodefensas de la Sierra Nevada o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también tiene obligaciones para las Fuerzas Armadas de Colombia, que deben modificar sus protocolos frente a estos grupos.
Un documento reservado firmado por Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia —institución que engloba al Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea—, y recogido por el diario colombiano El Tiempo, establece 23 lineamientos para actuar frente a este tipo de grupos.
Uno de los cambios más relevantes está en el punto 2 del documento, que indica que a partir del acuerdo se deben «suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las Fuerzas Militares y los grupos previamente descritos». El documento exige a los comandantes impartir estas órdenes entre sus subordinados y «verificar que las órdenes lleguen a todos los niveles de las cadenas de mando».
En ese marco, también advierte a los militares que, en caso de que se produzca algún incidente con alguno de los grupos incluidos en el acuerdo, «se debe reportar inmediatamente a los jefes de operaciones de cada una de las fuerzas, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, comandante de Fuerza, inspección general de las Fuerzas Militares y comandante general de las Fuerzas Militares».
Además, el documento aclara que si hay incidentes «en ningún caso se limitará el derecho a la legítima defensa propia y de terceros», así como se mantiene la obligación de «actuar ante un delito en flagrancia, conforme la normatividad y reglas de enfrentamiento y del uso de la fuerza vigentes».
Si bien no habrá acciones ofensivas contra los grupos, las Fuerzas Militares continuarán monitoreando sus movimientos. El documento especifica que, desde el 1 de enero de 2023, cada comandante de fuerza debe llevar un «registro diario» de los movimientos de los grupos, con el objetivo de «anticipar situaciones que puedan poner en riesgo a la población civil, afectar a las propias tropas, el cumplimiento de la misión constitucional y el desarrollo del proceso de paz».
Las tropas deben, en ese contexto, «mantener un control permanente institucional en los territorios, bloqueando corredores de movilidad y puntos nodales utilizados por los diferentes actores generadores de amenazas».
Otras de las particularidades del documento es que compromete a las fuerzas de seguridad a «realizar y promover acciones pedagógicas» para que los decretos que sustentan el cese al fuego sean conocidos por la población.
