En su reciente visita a Barranquilla, Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, expuso los desafíos críticos que enfrenta Colombia en la lucha contra la corrupción y presentó propuestas clave para fortalecer la protección a los denunciantes.
Idárraga detalló el proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción, que busca implementar un fondo de reparación para las víctimas de corrupción. Este proyecto, radicado el 4 de noviembre del año pasado y ya aprobado en primer debate, pretende ofrecer protección transitoria a los denunciantes y sus familias durante un período de hasta seis meses. “Queremos proteger a quienes se arriesgan a denunciar actos de corrupción, especialmente en regiones donde hemos visto casos trágicos de violencia contra periodistas y denunciantes”, explicó Idárraga.
El secretario destacó que, en los últimos dos años, la Secretaría de Transparencia ha transformado su enfoque hacia las denuncias de corrupción. Anteriormente, las denuncias se limitaban a traslados a los ministerios, pero ahora se realiza una investigación más rigurosa, recabando pruebas y colaborando con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para asegurar que las denuncias sean sólidas y viables.
Idárraga también subrayó la importancia de la articulación interinstitucional y la formación de comités de víctimas de corrupción. A través de audiencias públicas y comisiones regionales de moralización, se busca escuchar a la ciudadanía y abordar las denuncias de manera más efectiva. La colaboración con la Contraloría Departamental de Norte de Santander y la implementación de una metodología especial para proteger los recursos de la paz en territorios PDE son ejemplos de estos esfuerzos.
Otro avance significativo es el desarrollo de programas de ética y transparencia tanto para el sector público como para el sector privado, a través de un decreto que llena vacíos dejados por la ley 2195. Este decreto aborda temas críticos como la integridad de las instituciones públicas, el lavado de activos y el soborno. Además, busca reducir la tramitología y mitigar riesgos de corrupción en la administración de recursos públicos, con la colaboración de diversas superintendencias a nivel nacional.
Ana María Aljure, gerente de ciudad del Distrito de Barranquilla, expuso recientemente los desafíos y las prácticas exitosas en la transición de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) a los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
Desafíos en la Transición de PAAC a PTEP
Aljure subrayó que uno de los mayores retos en el proceso de transición es la armonización de los procedimientos de contratación con los estándares anticorrupción. En particular, destacó la dificultad de asegurar que los contratistas implicados en actos de corrupción sean excluidos de los procesos de licitación, a pesar de que se realiza una debida diligencia. “La ciudadanía a menudo cuestiona cómo ciertos contratistas, que pueden tener antecedentes de problemas en otras regiones, logran adjudicarse contratos a pesar de la trazabilidad y las verificaciones realizadas”, explicó. Para mitigar esto, Aljure propuso que cualquier indicio de corrupción en las bases de datos debería llevar al rechazo inmediato de la propuesta en los procesos de licitación.
Prácticas Destacadas en la Implementación de PAAC
1. Centralización de la Contratación: Barranquilla, centralizó la contratación en una única oficina, la Secretaría General. Esta estrategia permitió formar un equipo interdisciplinario especializado en contratación, lo que resultó en un manejo más eficiente y transparente. “La contratación es una operación compleja que requiere un equipo con el conocimiento y la capacidad de manejar todas las reglamentaciones de manera rigurosa”, comentó Aljure.
2. Implementación de Pliegos Tipo: A partir de 2016, Barranquilla adoptó pliegos tipo obligatorios para obra pública, lo que aumentó la confianza de los proponentes y mejoró la calidad de las propuestas. La ciudad logró superar la media nacional en términos de participación en licitaciones, recibiendo un número elevado de propuestas y siendo reconocida por su eficiencia.
3. Reformas en la Administración Pública: Aljure destacó la modificación del modelo de gestión pública que permitió mejorar la recaudación y la administración de impuestos en la ciudad. En 2008, se eliminó una concesión no rentable y se realizó una defensa jurídica efectiva que evitó embargos indebidos, lo que permitió a Barranquilla reestructurarse económicamente.
4. Modernización y Tecnología: En cuanto a la tecnología, Barranquilla implementó un sistema de software para facilitar el proceso de desembargo de impuestos, permitiendo a los ciudadanos recibir sus resoluciones de manera automática tras el pago de sus obligaciones tributarias. “Esta innovación ha reducido significativamente la corrupción asociada con el trámite manual y ha mejorado la eficiencia del servicio”, agregó.
5. Atención Ciudadana en Barrios: La administración local también ha llevado los servicios de la alcaldía a los barrios a través de ferias comunitarias, acercando la atención al ciudadano y promoviendo la participación directa de la comunidad en los servicios públicos.
Aljure concluyó que la implementación de estas prácticas ha fortalecido la transparencia y eficiencia en la gestión pública de Barranquilla y subrayó la importancia de continuar adaptando y mejorando los procesos para enfrentar los desafíos en la lucha contra la corrupción.
