Durante el debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que se encuentra en su sexto de ocho debates, surgió un conflicto entre dos ministros clave del Gobierno de Gustavo Petro: Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. La disputa gira en torno a la viabilidad fiscal de la propuesta, que busca cumplir con la promesa de descentralización establecida en la Constitución.
Cristo ha sido un ferviente defensor del proyecto, destacando su importancia para la distribución equitativa de recursos a municipios y departamentos. Sin embargo, Bonilla ha expresado preocupaciones sobre el impacto que una mayor transferencia de recursos podría tener en las finanzas del Estado, señalando que esto podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
Además de la oposición del Ministerio de Hacienda, el director de Planeación Nacional, Alexander López, también se ha manifestado en contra del proyecto, lo que podría complicar su avance en la plenaria del Senado. Según funcionarios del Ministerio de Hacienda, el objetivo ahora sería detener la iniciativa, a la que consideran un golpe a la estabilidad fiscal.
Al término de una sesión legislativa, Cristo negó que el proyecto estuviera estancado y aseguró que contaba con el respaldo unificado del Gobierno. En su intervención, propuso un “gran acuerdo nacional” en torno a la reforma, subrayando que este es un debate crucial para el futuro del país. “Es el momento de decidir si continuamos con un centralismo que limita el desarrollo de las regiones o si optamos por una distribución más justa del poder y los recursos”, afirmó.
Cristo hizo un llamado a la oposición y a sectores independientes para que se involucren en la discusión, señalando que las desigualdades en Colombia son en gran parte consecuencia del centralismo. Recordó que tras las reformas constitucionales de 2001 y 2007, el Estado central retuvo 400 billones de pesos que pertenecían a departamentos y municipios. “¿Qué sucedió con esos recursos en los últimos 22 años?”, cuestionó.
La reforma pretende aumentar la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación del 20% al 46,5%, con el fin de mejorar la calidad de servicios básicos como educación, salud e infraestructura. El Ministerio de Interior argumenta que esta reforma responde a una demanda insatisfecha por parte de las regiones para obtener mayor autonomía financiera y administrativa.
De ser aprobada, la reforma entraría en vigencia en 2027, tras la expedición de una Ley de Competencias. Cristo enfatizó que la propuesta prevé una transferencia gradual de recursos y competencias durante un período de diez años.
